ONG: El Estado venezolano es «complaciente» con la minería ilegal
EFE/foto referencial
El observatorio medioambiental de Venezuela Proyecto EPA, de la ONG Fundaredes, dijo este martes que el Estado ha sido «complaciente» en la práctica de la minería ilegal, de la que forma parte la mina ‘Bulla Loca’, donde, la pasada semana, al menos 16 personas perdieron la vida por un derrumbe.
Según manifestó la organización a través de X, el Estado ha permitido que «los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas», en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar (sur), donde se produjo el reciente derrumbe.
Proyecto EPA aseguró que la minería ilegal en esta zona «representa una grave amenaza para la reserva natural más importante del país», y subrayó que «su práctica descontrolada conlleva a la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad».
Estos impactos -insistió- «no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento, (…) además de someter a trabajos forzosos y esclavitud moderna a quienes laboran en esos espacios, vulnerando por omisión el derecho a la vida, el trabajo, la salud y seguridad personal».
Es evidente que el Estado ha sido complaciente e incluso cómplice en el desarrollo de estás actividades permitiendo que los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas…
— Proyecto EPA (@proyectoepa_) February 27, 2024
Este lunes, Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevar a cabo un plan de recuperación y reforestación en la zona donde se registró el colapso de la mina, ubicada dentro de un parque natural, afectada por la minería ilegal.
Asimismo, denunció que en la zona de La Paragua -cercana a la mina que colapsó- hay un «conjunto de irregularidades graves», entre ellas «actuaciones corruptas de algunos funcionarios», que se están investigando en un proceso que dirige «personalmente», del que ofrecerá mayores detalles cuando tenga el informe.
En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en la Amazonía venezolana que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, que no dan detalles sobre el destino de estas personas o si enfrentaron algún procedimiento legal tras la evacuación.
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