ONG de Perú denuncia «uso indiscriminado de la fuerza» contra las protestas
EFE
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú denunció este jueves que «se está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza» contras las protestas antigubernamentales y consideraron que se está construyendo una «arquitectura de impunidad» para las fuerzas del orden.
«En la historia de la democracia del Perú, no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos», dijo en una rueda de prensa la responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDHH, Mar Pérez.
La activista recordó que de los 63 fallecidos en las protestas, según distintas fuentes, «46 son responsabilidad directa del Estado».
«No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena y todavía no hay ninguna muerte en Lima, donde ahora mismo, en este momento, las movilizaciones son masivas», destacó al considerar que existe racismo en la actuación policial.
Afirmó que las fuerzas del orden «disparan contra personas que se manifiestan pacíficamente e incluso contra personas incluso que no participan en las movilizaciones».
Piden renuncia de Boluarte
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, explicó que la posición de la ONG es un llamado al diálogo y una salida política a una crisis, además de pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria, lo antes posible, a elecciones generales.
«Existen responsabilidades en el Ejecutivo y también en el Congreso, que a pesar de la crisis que estamos enfrentando hoy en día, con el número de muertos que se incrementa y también los territorios que día a día se van sumando a las movilizaciones, es incapaz de tener una lectura de la realidad y lo único que les interesa es permanecer en su asiento», indicó Dador.
Por su parte, Pérez consideró que, «lo más grave, es que se están utilizando acusaciones de terrorismo» contra los manifestantes.
«La figura de terrorismo ahora se está aplicando a quienes se movilizan, a quienes participan en acciones de protesta, incluso a personas que lo único que han hecho es recabar dinero para apoyar a los heridos. Hemos encontrado ya nueve carpetas fiscales donde se investiga por terrorismo acciones relacionadas con la protesta social», alertó.
También se mostró preocupada porque, según la coordinadora, «se está construyendo una arquitectura para la impunidad», debido a la reducción por parte del Ministerio Público de las fiscalías locales de derechos humanos.
Eso puede constatarse, según Pérez, en «una reducción drástica de personas especialistas y de recursos para investigar las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el país».
«Vamos a continuar desde los organismos de los derechos humanos con las acciones judiciales para que los responsables de estas matanzas terminen en la cárcel como corresponde puede que nos demoremos algunos años pero ese va a ser su lugar», dijo Dador. EFE
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