ONG atribuyen a los Estados el deterioro de la libertad de prensa en Latinoamérica

EFE

El grupo en defensa de los Derechos Humanos Voces del Sur (VDS), que aglutina a ocho organizaciones latinoamericanas, denunció este jueves que la situación de la libertad de prensa en la región se deterioró durante 2018 en gran medida por la acción de los propios Estados.

En su informe sobre la libertad de expresión en América Latina, VDS destacó que la violencia, la impunidad y el autoritarismo están afectando a la región de manera negativa, que sufrió el pasado año 734 agresiones a la prensa en ocho países analizados -Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela-.

César Ricaurte, representante de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), explicó a Efe que les parece claro que el periodismo «no está siendo ejercido de una forma segura y con las garantías debidas».

Preocupa especialmente la situación en la que se encuentran Nicaragua y Venezuela, las que más agresiones han reportado, 234 y 196, respectivamente.

Aunque tampoco se quedan atrás los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala-, México y Brasil.

Lo que pasa en estas naciones, apuntó Ricaurte, se debe, en parte, a «ese clima de crecimiento de los rasgos autoritarios de una parte importante de gobiernos de América Latina».

Estos Gobiernos, independientemente de su signo ideológico, han convertido a los periodistas «en el centro de los ataques», algo que se puede ver «de forma casi masiva en casi toda la región».

De hecho, según recoge el informe, más de la mitad de las agresiones reportadas -404- fueron perpetradas por los Estados o bien por actores con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico.

Entre los indicadores que estudió este informe, están también las agresiones contra mujeres periodistas por cuestiones de género que, según afirmó Ricaurte, es la primera vez que se reportan en un informe de este tipo.

En este aspecto, se denunciaron 44 agresiones contra mujeres periodistas durante 2018, un número que tachó de «preocupantemente alto».

«(Se dan) en acceso a la información, y muchas veces incluso en ese discurso estigmatizante: hemos detectado casos en los que el hecho de ser mujer le expone más a la periodista para ser agredida verbalmente por funcionarios o por estos atacantes de la libertad de expresión», explicó.

Igualmente, el informe señala que también es una amenaza para el ejercicio de la profesión periodística el aumento de grupos de crimen organizado y narcotráfico.

«En Honduras, por ejemplo, es muy claro que la violencia contra periodistas está relacionada tanto con la acción del Estado como de estos grupos de delincuencia organizada y, efectivamente, esta situación del equipo periodístico de El Comercio asesinado en la zona de frontera de Ecuador tiene que ver directamente con la operación de grupos delincuenciales», especificó el representante de Fundamedios.

Pero el gran problema, aseguró, viene cuando estos grupos cuentan con la «complicidad» de los Estados, o al menos de ciertos funcionarios.

Algo que, según dicen, es palpable en México, donde gran parte de los asesinatos de periodistas, aunque no los recoja el informe, se deben al narcotráfico y sus estructuras dentro de los llamados «narcoEstados».

Con todo, destacó varios puntos que abren cierta esperanza para la libertad de expresión en la región, como son las reformas legales que muchos países están emprendiendo, entre ellos Ecuador, Uruguay, Argentina o Chile, o la coordinación entre asociaciones que se ha abierto con la creación de este colectivo.

Ricaurte opinó que el trabajo de los organismos regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «es un gran paso adelante» en la lucha contra las agresiones a la libertad de prensa.

El proyecto de VDS nació en 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas que promovieran la protección de la libertad de expresión en Latinoamérica, en base al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

«Los Estados tienen que tomar medidas para que se cumpla ese ODS y se garantice el trabajo periodístico», concluyó el representante de Fundamedios.