ONG allanada en Nicaragua denuncia «asalto y «atropello policial» en su sede
EFE
La ONG Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), dedicado a la promoción de la democracia en Nicaragua, denunció este sábado que su sede fue víctima de un «asalto» perpetrado por agentes policiales, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril.
En un pronunciamiento, el Ipade, cuyo presidente es Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve «comandantes» de la revolución sandinista, indicó que tanto su personal de vigilancia como sus instalaciones fueron objeto de «atropello» durante el allanamiento ejecutado sin ninguna orden judicial.
Esa ONG sostuvo que ocho patrullas de la Policía «equipadas con armas de guerra, como si se tratara de un ejército de ocupación, asaltaron por diversos puntos las instalaciones del Ipade golpeando al vigilante y robaron además sus celulares y su pago quincenal».
Durante el allanamiento, la Policía destruyó con exceso de violencia puertas de oficina, escritorios y archivos, llevándose equipos de computación, documentación y vehículos, denunció.
El Ipade consideró que ese hecho, que «solo pudo venir de ciertas esferas superiores de gobierno, se ejecutó en desprecio de cualquier procedimiento legal, y representa la continuidad de los atropellos» contra organismos no gubernamentales críticos con el Ejecutivo.
«El Ipade se reserva el derecho de recurrir a los tribunales nacionales y, ante nuestra situación de indefensión, a las instancias internacionales de justicia que correspondan», avisó.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por los sandinistas, despojó de la legalidad al Ipade por presuntamente «haber incumplido gravemente sus obligaciones legales» y sus estatutos, así como haber «desnaturalizado su personería jurídica», «alterar el orden público», «desestabilizar el país» y «afectar la seguridad ciudadana».
La Policía allanó entre la noche del jueves y madrugada del viernes la sede de seis ONG y un grupo de medios de comunicación.
Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El presidente Daniel Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
