ONG alerta sobre el aumento de detenciones por delitos de odio en Venezuela
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Entre enero y agosto de este año, los casos de intimidación, detenciones y censura se convirtieron en las principales violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según un informe presentado por la ONG Espacio Público.
La organización documentó un total de 249 casos, que se tradujeron en 507 denuncias de violaciones, lo que representa un aumento del 89 % en los casos y un 94 % en las violaciones, en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con el informe, 87 personas fueron detenidas por expresar opiniones o compartir información. De este grupo, 64 eran ciudadanos particulares, 19 trabajadores de la prensa, tres miembros de ONG y un empleado público.
Espacio Público destacó un incremento del 200 % en el uso de supuestos delitos de odio para justificar detenciones arbitrarias, con 27 personas arrestadas bajo esta acusación en lo que va de año.
Bloqueos y censura mediática
En cuanto a la censura, el cierre de 15 emisoras de radio en nueve estados del país, principalmente por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNE), es uno de los puntos más destacados. Además, 35 sitios web, incluidos medios de comunicación digitales, páginas de ONG y plataformas con contenido político, fueron bloqueados.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, la red social X (antes Twitter) también fue objeto de censura, un bloqueo que, aunque inicialmente anunciado por 10 días, se ha extendido por casi dos meses.
Del mismo modo, la aplicación de mensajería Signal fue censurada, y el presidente Nicolás Maduro instó a los funcionarios públicos a dejar de utilizar WhatsApp, argumentando que estas plataformas promueven un plan de desestabilización.
Según la ONG, las declaraciones de funcionarios oficiales han vinculado repetidamente el uso de estas aplicaciones con la difusión de noticias falsas, sugiriendo la necesidad de regularlas. “Plataformas como WhatsApp y TikTok son vistas como instrumentos de odio y fascismo”, señalaron, de acuerdo con el discurso oficial.
Periodistas, las principales víctimas
El informe también señala que los periodistas fueron los más afectados por estas acusaciones, con 121 víctimas. Le siguen ciudadanos particulares (83), medios de comunicación (58), la ciudadanía en general (24), plataformas web (20), ONG (10), camarógrafos y técnicos (9), reporteros gráficos (5) y trabajadores públicos (3).
En cuanto a los responsables, el informe detalla que los principales victimarios fueron los cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones gubernamentales, ambos con un 33 % de los casos. Funcionarios (13 %), operadoras privadas (6 %) y simpatizantes del oficialismo (5 %) también figuran en la lista.
Aumento de casos tras las elecciones
El período posterior a las elecciones del 28 de julio marcó un incremento significativo en los casos documentados. En tan solo un mes, Espacio Público registró 128 incidentes, lo que derivó en 215 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
Entre el 28 de julio y el 31 de agosto, se contabilizaron 43 detenciones, 14 de ellas relacionadas con presuntos delitos de odio. La mayoría de los detenidos fueron ciudadanos comunes y manifestantes, mientras que 14 eran trabajadores de medios de comunicación.
Según el informe, estas detenciones se caracterizaron por la incomunicación, la prohibición de visitas y la negación de una defensa adecuada, junto con el acceso restringido a información sobre los procesos judiciales.
Informe Espacio Pública
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