Omar González: Colectivos imponen pena de muerte a quienes violen la cuarentena
Nota de Prensa
El diputado por Vente, Omar González aseveró este lunes que las pandillas “imponen pena de muerte” a quienes violen la cuarentena, frente al asesinato de un grupo de ciudadanos que jugaban dominó en el populoso sector 23 de Enero en Caracas, supuestamente a manos de los llamados colectivos.
El parlamentario precisó que el acto es parte de una estrategia de intimidación social ejercida por la “mafia de criminales y terroristas” que asaltaron el poder en Venezuela con el objeto que la ciudadanía cumpla con el confinamiento social para evitar que se propague el Covid19.
“Pareciera que Maduro permite que sus paramilitares ejecuten este tipo de crímenes porque están totalmente encarrilados a su visión retorcida del poder. El usurpador quiere mantener el miedo en la sociedad como herramienta política para sostenerse en Miraflores más tiempo”, dijo.
El asambleísta detalló que el hecho ocurrió a solo tres kilómetros del Palacio de Gobierno y con un despliegue de efectivos militares y policiales por toda la República, lo que “manifiesta que los colectivos actúan bajo la protección de la usurpación”.
González pidió al “mundo occidental” que observe como Nicolás Maduro está utilizando la crisis del coronavirus para implementar medidas aún más criminales y salvajes en el país con la excusa de combatir la pandemia que azota al mundo.
Medidas de hambre
Como respuesta a la cadena de radio y televisión realizada por Nicolás Maduro, el diputado afirmó que las medidas anunciadas por “la usurpación traerán pan para hoy y hambre para mañana”.
Indicó que la AN debe adelantar una serie de acciones con carácter de Ley que respalden a los trabajadores como a los empresarios, propietarios de inmuebles y emprendedores de Venezuela.
“Hay que proteger los trabajos de los venezolanos, sin que esto lleve a la quiebra al ya débil aparato productivo y comercial del país”, señaló el vocero de la Fracción 16 de Julio.
Acoso
Omar González rechazó categóricamente el secuestro del periodista Darvinson Rojas a manos de los “cuerpos de represión” del Estado y reafirmó su defensa a la libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo en Venezuela.
“Informar no es un delito, repudiamos que se sigan deteniendo a profesionales de la información por el solo hecho de ejercer su oficio o profesión”, sentenció.
