OEA lamenta fin de Maccih ante «problema endémico» de corrupción en Honduras
EFE
La Secretaría General de la OEA subrayó este viernes que el fin de las tareas de la Maccih ante la falta de acuerdo con el Gobierno de Honduras constituye «un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad» en el país centroamericano donde es «un problema endémico».
«Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020», indicó en un comunicado.
«Durante su funcionamiento, la Misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción en el país», remarcó.
La Maccih es la primera iniciativa del organismo hemisférico para combatir la corrupción en un Estado miembro.
«Si bien, como no puede ser de otra manera, se reconoce la soberanía nacional del Gobierno de Honduras para tomar las decisiones que considere pertinentes a este respecto, la Secretaría General de la OEA considera que sería de muy alta importancia que la Misión continuara prestando este servicio a la institucionalidad del país», agregó.
El convenio de creación de la Maccih fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años, contados a partir de la fecha de su rúbrica.
Por su parte, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Gobierno indicó que «a pesar de los esfuerzos» realizados para que la OEA acompañará al país en la «propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio».
El Gobierno hondureño indicó que en la construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como «las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión».
Esas opiniones se interpretaron como «excesos en sus facultades convencionales, derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal», agregó la Cancillería hondureña
