OEA acompañará negociación en Nicaragua sobre la liberación de presos
EFE
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se incorporó este viernes como testigo y acompañante de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y una alianza opositora con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
El exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, que venía participando como observador en la mesa, es ahora testigo y acompañante internacional de la negociación, en representación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, según informaron las partes en un comunicado conjunto.
Rosadilla se suma al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, como los dos testigos y acompañantes internacionales de este proceso, dijo en rueda de prensa el jefe negociador de la opositora Alianza Cívica, Carlos Tünnermann.
Tünnermann explicó que los testigos y acompañantes podrán hacer propuestas a la mesa de negociación, entre otras funciones.
Asimismo, anunció que un equipo asesor de la Secretaría General de la OEA llegará a Nicaragua este fin de semana para acompañar a Rosadilla en su nueva misión.
La mesa de negociación también acordó este viernes conciliar las distintas listas de «presos políticos» antes de proceder a su liberación definitiva, tal como se comprometieron el miércoles pasado.
«El mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará conciliando y actualizando las listas del Gobierno, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la Alianza Cívica», señalaron las partes.
La lista de la CIDH registra 647 detenidos, a los que identifica como «presos políticos», según la Alianza Cívica, que por su lado manejan un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero, cuando comenzó la mesa de negociación y se encuentran bajo libertad condicional.
Hasta ahora, el Gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce 340 reos y los tilda de «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
Tünnermann explicó que están a la espera que la Cruz Roja Internacional responda a la invitación para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país.
Mientras se desarrolla el proceso de liberación, las partes acordaron además solicitar que los privados de libertad sean ubicados en régimen común, se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad y se les permitan visitas en situaciones especiales y de emergencia.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales, conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Organismos humanitarios locales y sectores de la oposición han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido, bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.
Para el disidentes sandinista Enrique Sáenz, Ortega ha pedido un plazo de hasta 90 días para liberar a los «presos políticos» con el fin de neutralizar las sanciones anunciadas por la comunidad internacional.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Durante la jornada, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a realizar protestas estilo «piquetes express», mañana sábado en Nicaragua, para mostrar rechazo al Gobierno de Ortega.
Los «piquetes express» son una modalidad de protesta similar a las del movimiento ambientalista Greenpeace, que consiste en manifestarse de forma rápida en escenarios que llaman la atención, y luego colgar el momento en las redes sociales.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
