Odebrecht niega acusaciones de Luisa Ortega sobre corrupción en Venezuela
EFE
La constructora brasileña Odebrecht negó este miércoles categóricamente haber pagado 100 millones de dólares (casi 84 millones de euros) a través de una empresa española al dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello, tal y como aseguró la Fiscal removida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, el pasado 23 de agosto.
«Odebrecht afirma que no procede la acusación de pago de US$ 100 millones a (…) Diosdado Cabello, y que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal», dice la empresa brasileña en un comunicado entregado a EFE.
La constructora desmiente esto «después de realizar una exhaustiva búsqueda en los antiguos sistemas y en los testimonios de sus ex integrantes que colaboran con la operación del ‘Lava Jato'», abierta hace más de tres años por la Fiscalía de Brasil para investigar supuestos casos de corrupción de esta y otras empresas del país.
Además, Odebrecht «niega que haya recibido pagos por trabajos no realizados y reafirma que el ritmo de las obras en ejecución acompañan el cronograma de pagos de los clientes locales» en Venezuela.
«En los 25 años en que está presente en Venezuela, Odebrecht concluyó proyectos relevantes que se encuentran en pleno funcionamiento, atendiendo a diversas comunidades del país», finaliza la nota de prensa.
Luisa Ortega Díaz ha declarado tener pruebas que incriminarían al presidente de su país, Nicolás Maduro, y a otros militantes del chavismo gobernante como Diosdado Cabello.
Ortega -que abandonó el país el mes pasado después de ser destituida de su cargo tras meses denunciando la supuesta deriva totalitaria del país- dijo que entregaría las supuestas pruebas de corrupción a varios países de América y Europa para que procedan con las investigaciones.
Ortega Díaz atribuyó la persecución que la llevó a abandonar Venezuela a las informaciones que dice poseer sobre la supuesta corrupción de la empresa brasileña en que estarían involucrados altos cargos oficialistas del país caribeño.
