Ocupan bienes presuntamente propiedad de las FARC por 100 millones de dólares
EFE
La Fiscalía colombiana ocupó tres propiedades que presuntamente pertenecían al exguerrillero de las FARC «Orlando Porcelana» en el departamento de Caquetá (sur) y que están valuadas en 300.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares), informó hoy el ente acusador.
Los bienes, tres terrenos baldíos de 18.000 hectáreas ubicados en el municipio de Cartagena del Chairá, estarían «a nombre de terceras personas», detalló la Fiscalía en un comunicado.
La información agregó que las propiedades «habrían sido adquiridas con dineros ilícitos producto de actividades como extorsiones y secuestros» a nombre de personas que «aparentemente prestaron sus nombres para aparecer como titulares de los predios» y luego fueron asesinadas.
El ente acusador aseguró que las declaraciones de desmovilizados del frente 49 de las FARC y la investigación de la Policía Judicial permitieron detectar que el presunto propietario de los bienes era «Orlando Porcelana».
Los baldíos quedaron a disposición de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) «por tratarse de grandes extensiones que no podían titularse por ser del Estado».
En 2017, la Fiscalía aplicó extinción de dominio a 4.878 bienes pertenecientes a testaferros de las FARC y que están valuados en 1,3 billones de pesos (unos 436,9 millones de dólares).
El Gobierno colombiano y las FARC firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado y en virtud del cual la antigua guerrilla se convirtió en un partido político.
En agosto pasado, la FARC intentó frenar la polémica que se desató en el país tras conocerse el inventario de bienes que entregó a la ONU con miras a reparar a las víctimas del conflicto armado.
La antigua guerrilla aclaró que el listado se hizo «con el máximo rigor posible» y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una «intención política» de entorpecer la implementación de la paz.
El ahora partido político salió entonces al paso de las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien exigió identificar «cabalmente los activos» de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como haberes.
