Ocho leyes económicas que llevará la MUD a la nueva AN
Redacción.- En un documento titulado “Agenda Legislativa 2015″, los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática listan un número de propuestas de ley en materia económica, orientadas principalmente a recuperar la producción privada local, reseñó el portal El Estímulo.
El primer grupo de normas corresponde al tema de abastecimiento. Inicia con laLey de Abastecimiento Pleno cuyo objetivo “es eliminar trabas y facilitar trámites que obstaculizan la circulación de bienes como guías de movilización, certificados de no producción, renovación de registros y mecanismos de compras restringidas”. Además, prevé la elaboración de incentivos temporales para la importación de rubros de primera necesidad, tales como la exoneración de impuestos.
La agenda también incluye una propuesta de Ley Marco para el Incremento de la Productividad, que se concentra en crear condiciones de seguridad jurídica que fomenten la inversión. El documento publicado por la Unidad detalla que “esta ley ordenaría la tramitación expedita de licencias y permisos, eliminaría o rebajaría sustancialmente las tasas que pechan el aumento de capital de las empresas”. Eliminaría el riesgo de privación de libertad para los administradores de las empresas y los límites a la inversión extranjera. También dejaría sin efecto la declaratoria de utilidad pública, principio que ha utilizado el gobierno para expropiar, intervenir y ocupar empresas.
Por último en la sección de abastecimiento, aparece la Ley de Reversión Expropiatoria, con la cual se pretende revertir los procedimientos expropiatorios y establecer condiciones y garantías para que los inversionistas cuyas empresas han sido expropiadas o intervenidas puedan reactivarlas a la brevedad.
En otro grupo denominado “protección al consumidor” se encuentra la Ley de Protección y Educación al Consumidor, con la cual se busca desarrollar algunos derechos que aun no encuentran soporte jurídico y apenas aparecen nombrados en la Ley de Precios Justos como: situación de los presupuestos incumplidos; garantías de buen funcionamiento; devoluciones de productos y reintegro de precios; y ofertas engañosas, entre otros.
Otra de las áreas señaladas es la salarial, en la que se promoverá una Ley de Protección Salarial y Anticipos de las Prestaciones Sociales, que apunta a ampliar “la base de beneficios laborales excluidos del régimen prestacional pretendiendo un acceso más frecuente a mejores ingresos”. También plantea “reformar el tratamiento de los préstamos laborales, disfrute y pago de vacaciones y prestaciones sociales para que el trabajador pueda acceder a estos ingresos anticipadamente sin agravar aún más la comprometida situación de los empleadores”.
En materia de vivienda, la MUD propone la creación de dos leyes: la Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas y la Ley de Fomento Arrendaticio.
La primera busca “aclarar la situación” de las viviendas ya adjudicadas y las que se entreguen en el futuro para que puedan “disponer plenamente de las mismas”. Igualmente se institucionalizaría la adjudicación de títulos de propiedad sobre bienhechurías construidas en terrenos municipales.
Esta normativa de vivienda también instauraría el concepto de los hogares semillas que permiten que desde un estructura mínima el beneficiario pueda ir ampliando modularmente su vivienda progresivamente, a través de la participación de la empresa privada, para evitar que los recursos de la cartera hipotecaria “terminen en las manos ineficientes del Estado y generen corrupción”.
La segunda, de Fomento Arrendaticio, establecería “parámetros razonables para evitar abusos en el aumento de los cánones de arrendamientos, pero a la vez permitir que los inquilinos morosos o quienes usen indebidamente los inmuebles alquilados, puedan ser desalojados en beneficio de otras personas que necesiten esa vivienda”.
Sobre el tema de corrupción, la agenda incluye dos propuestas de ley. En primer lugar, está la Ley de Repatriación de Capitales Corruptos, que busca devolver al país los recursos que se han fugado a través de esquemas de corrupción. En segundo lugar, la Ley de Transparencia en los Procesos de Contrataciones Públicas, que promulgaría las licitaciones abiertas como regla general de contratación, “eliminando la posibilidad de la contratación directa y sustituyéndola con otros mecanismos de mayor transparencia”.
