Nuevo aeropuerto de Cuzco queda en suspenso en medio de una crisis política en Perú
El País
La construcción del aeropuerto de Chinchero, un proyecto largamente anhelado por los ciudadanos de Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca, permanece suspendida por los problemas de solvencia del consorcio encargado de la obra, la constructora Kuntur Wasi. El Congreso Peruano ha decretado un pedido de interpelación contra el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, por favorecer a la compañía, pues a juicio de la Cámara el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —cartera que también ocupa Vizcarra— debió anular el contrato.
Su infraestructura acogerá un tránsito anual de cinco millones de personas y permitirá conexiones internacionales directas, sin depender del aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Reemplazará al antiguo aeródromo Alejandro Velasco Astete, que está en medio de la ciudad, y ayudará a dinamizar la economía de Cuzco. El Gobierno de Ollanta Humala suscribió un contrato de concesión con el Consorcio Kuntur Wasi —integrado por la argentina Corporación América y el peruano Andino Investment Holding— para el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto. En 2014 se estimó que la obra demandaría una inversión de 530 millones de dólares, bajo el esquema de asociación público-privada. La terminal debía de estar concluida en 2020.
El inicio de las obras se programó para la primera mitad de 2016, pero quedó truncada por falta de presupuesto para intervenir el terreno. Por la situación financiera de Kuntur Wasi, el modelo de financiamiento gubernamental del contrato de concesión devino en insuficiente. Según las condiciones del mercado, se estimaba que la tasa de crédito debía ser de 9,5%. Pero Kuntur Wasi pretendió incluir partidas que no correspondían en el préstamo, lo que elevó la tasa a cerca del 22%.
En un intento por salvar la situación, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hizo una atrevida jugada. En noviembre de 2016, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció la firma de una adenda al contrato. Por ella, el Estado se comprometió a asumir la financiación de las obras por 265 millones de dólares. Para los críticos, la asociación público-privada pasaba a ser solo pública. Poco antes de la firma de la adenda, Patricia Benavente, presidenta del organismo regulador de la infraestructura, presentó su renuncia junto con sus gerentes.
