Nora Bracho: El que más maltrata a la mujer es el régimen por la crisis en los servicios públicos

Prensa AN

El régimen de Maduro es el mayor generador de maltrato hacia la mujer venezolana que tiene que enfrentar cada día el grave deterioro de los servicios públicos como la falta de luz, agua, gas, transporte, sistema de salud, convirtiendo en una calamidad la calidad de vida de la mujer y su familia.

Así lo manifestó  la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), diputada por el estado Zulia, Nora Bracho, durante el conversatorio  “Encuentro ciudadano con la Asamblea Nacional, acceso a los servicios públicos: La violencia cotidiana que sufre la mujer venezolana”.

“Estamos tratando la violencia hacia la mujer por los malos servicios públicos en el país.  Esta violencia que se  enmarca en los servicios fundamentales como es la falta del agua potable que fomenta la insalubridad y las enfermedades. Los constantes cortes de luz, el mal servicio de trasporte público, vivir en medio de la basura y el problema de la falta de gas que últimamente genera alrededor de 90 protestas diarias en todo el país”, afirmó.

Agregó la parlamentaria que  en un 80 por ciento la mujer venezolana  es cabeza de familia y tiene que enfrentar malos servicios públicos, es mal pagada y siempre por debajo del sueldo de un hombre a pesar de realizar la misma actividad laboral. “De manera que como podemos ver la mujer es la más afectada por la crisis que estamos viviendo los venezolanos», dijo.

Indicó Bracho que las protestas que se producen diariamente en todo el país son encabezadas por las mujeres solicitando mejores servicios públicos. «Bajo la protestas de las mujeres iniciaremos  el cambio en nuestro país. Cada día se incrementan más los reclamos, ayer se registraron 90 manifestaciones en diferentes estados del país y todas por los servicios públicos, trasporte de gas, luz  y agua. Los reparos seguirán incrementándose porque ya la gente  no quiere seguir viviendo  en estas  condiciones de pauperización de la calidad de vida”, manifestó.

El Estado somete a las mujeres a una carga desproporcionada de dificultades

Ricardo Sansone, coordinador de Familia Metro, señaló que la mujer venezolana es la que está sintiendo más fuertemente  el problema de los servicios públicos en el país; es la que tiene que llevar  los niños al colegio y  no hay transporte,  es la que cocina y  no hay gas o luz y tampoco agua.

«Esa carencia que hay en los servicios públicos le genera un stress  desvirtuando  su estado de ánimo porque tiene que luchar contra un problema que se ha convertido en algo cotidiano. El agua debe existir en el momento que abres el chorro, luz en el momento que le das al interruptor, y gas para cocinar cuando abres la llave de la hornilla. No es normal que se viva en un país  donde tienes que cazar el agua, cuando llega el gas, o qué hacer con la basura. No debemos acostumbrarnos a esto y mucho menos la mujer que es cabeza de familia», destacó.

Por su parte, Norma Ferrer, Coordinadora de Asistencia Legal Anticorrupción  de Transparencia Venezuela, habló sobre la crisis de los servicios públicos y el impacto en la mujer.

Manifestó que de acuerdo a los estudios realizados, por la desigualdad de género se tiende a incrementar la pobreza.

«A través de Transparencia Venezuela estamos incentivando la denuncia porque muchos de los problemas de los servicios públicos que afecta a la mujer y a la familia no son dados a conocer. Hemos tenido denuncias de mujeres que por su condición de mujer son extorsionadas a cambio de darles, por  ejemplo, el pasaporte por parte de los funcionarios policiales o guardias nacionales», aseveró Ferrer.

Reveló que Transparencia Venezuela realizó  un estudio  de cómo se siente la mujer  con el uso de los malos servicios públicos y entre los resultados  se destacó que ella se siente vulnerable ante la situación de crisis por la falta de agua, luz, gas y que el deterioro del transporte público afecta su integridad personal por el drama que significa abordar un carro por puesto o las mal llamadas «perreras».

«El 75 por ciento de las mujeres se sienten más afectadas por las condiciones que tienen que afrontar a la hora de trasladarse.  El 92 por ciento respondió que han sido objeto de maltratos físico y verbal por parte de transportistas u otros usuarios y también han sido víctimas de robo», apuntó.

En este contexto, el economista Omar Zambrano indicó que es necesario resaltar las dificultades  y la desproporción enorme que está ejerciendo la grave crisis del país a la mujer venezolana. «La crisis es profunda, ha sido calificada como una catástrofe económica y dentro de ese marco la mujer venezolana está teniendo un peso desproporcionado porque lleva el hogar, los hijos y además enfrenta un sin fin de adversidades», subrayó.

Manifestó que la mujer se ha visto obligada por las circunstancias de sacar a su familia  adelante  con muchísima mayor proporción que los hombres. La autonomía económica que le permite el trabajo y salario digno  a hombres y mujeres es la única forma de igualar este terreno y hoy día la mujer  está retrocediendo en este sentido.

«La crisis que estamos viviendo está teniendo una forma de violencia de género particular sistemática del Estado que por omisión someten a las mujeres a una carga desproporcionada de dificultades que hacen que su vida se haga más difícil y por ende la de su familia», señaló Zambrano.

Asimismo, la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, señaló que la mujer venezolana se ve afectada en un  100 por ciento por las fallas eléctricas porque no puede realizar su día a día.

«Si no hay luz la mujer no poder cocinar, no recibe agua  y no puede enviar a los hijos al colegio. Es un caos el transporte y de paso se le dañan sus electrodomésticos que  no puede reparar por lo costoso y mucho menos comprar uno nuevo, y este gobierno no reconoce su culpa en las fallas del sector eléctrico», subrayó.

Por esta razón López consideró que estamos frente a una nueva forma de violencia hacia la mujer venezolana que se genera desde el Estado por no cumplir y no garantizar los derechos  establecidos en la Constitución como son el de la alimentación y acceso a los servicios públicos.