Niegan en Chile autorización a marcha contra inmigrantes
EFE
La Intendencia (Gobernación) de Santiago de Chile negó este jueves la autorización a una marcha contra los inmigrantes convocada para el próximo domingo por organizaciones de ultraderecha, algunas de las cuales habían llamado a sus seguidores a asistir armados a la manifestación.
«Creemos que esta marcha no reúne las condiciones para garantizar el cuidado de nuestros ciudadanos», dijo en una rueda de prensa la intendenta de la capital chilena, Karla Rubilar.
Por eso «hemos tomado la decisión de rechazar la solicitud de esta marcha», añadió la autoridad regional sobre la manifestación, convocada bajo la consigna «Aún tenemos patria», por el «Movimiento Social Patriota» (MSP), una agrupación ultranacionalista calificada de neonazi por los medios de comunicación.
En Santiago, la marcha tendría lugar al mediodía del domingo en la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de la ciudad, y en su trayecto pasaría frente al palacio de la Moneda, la sede del ejecutivo.
La iniciativa «no cumple los requisitos mínimos para que las personas puedan transitar libremente», declaró la intendenta Rubilar, sobre la base de los antecedentes sobre el porte de armas y también porque grupos de izquierda habían anunciado contramanifestaciones.
«No vamos a avalar nunca un posible enfrentamiento entre grupos que puedan poner en riesgo a los habitantes de nuestra ciudad», subrayó Karla Rubilar.
«Nuestra labor es velar por los santiaguinos, para que nuestra ciudad siga funcionando de la mejor forma posible en un día especialmente sensible», añadió, recordando que el domingo se celebra en Chile el Día del Niño.
La negativa a la marcha se conoció unas horas después que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijera en una entrevista con un medio electrónico que la convocatoria no le «acomoda» porque detrás de esas políticas a veces hay sentimientos de odio, de xenofobia y «eso no lo queremos en Chile».
«Si hay antecedentes que indican que pueda ser violenta, creo que no debiera producirse», remarcó Piñera, pese a que mencionó también la política de su Gobierno sobre migración, señalando que «»no cualquier persona que llega a la frontera de Chile tiene derecho a entrar a Chile».
En la víspera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, había comentado que en Chile «hay libertad en el derecho de reunión, más allá de lo que uno piense», aunque después sostuvo: «A mí no me gusta ningún tipo de expresión que sea contra algo o contra un grupo de personas» y «nosotros en el Gobierno no estamos contra la migración, ni mucho menos contra los migrantes».
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre otras organizaciones, se habían también pronunciado en contra de la convocatoria, entre cuyos organizadores figuraba también el grupo «Despierta Chile», de seguidores de Augusto Pinochet.
Según los convocantes, se trataba de una movilización a favor de los chilenos «postergados por la inmigración descontrolada», que sería replicada en varias otras ciudades del país, en las que la respectiva autorización depende de las autoridades locales.
La llegada de inmigrantes se masificó en Chile en los últimos años, hasta sumar 1.250.000 a finales del 2018, según datos oficiales. Las mayores comunidades corresponden a venezolanos, con cerca de 300.000, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, en ese orden.
