Nicaragua denuncia a Luis Almagro y pide públicamente su renuncia de la OEA
EFE
El Gobierno de Nicaragua denunció este lunes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de «extralimitarse e incumplir con sus funciones», y pidió públicamente su renuncia de la entidad multinacional.
«Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición del secretario general de la OEA, y hace formal denuncia de su conducta que, además de extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender», informó el Gobierno, en un comunicado.
Almagro «debe renunciar», agregó la Presidencia nicaragüense, con base en las últimas declaraciones emitidas por el secretario general de la OEA sobre Venezuela y Nicaragua.
El viernes pasado en Colombia, Almagro dijo, «en cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción».
Este lunes, el secretario general de la OEA afirmó que fueron mal interpretadas sus declaraciones y aseguró que dijo «claramente» que debe agotarse «el camino de las acciones diplomáticas», aunque, agregó, que «no debe descartarse ninguna opción».
Días antes, el 7 de septiembre en Miami, Almagro declaró que «debemos en cada caso dar la respuesta desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también, que se viene instalando en Nicaragua».
«El Gobierno de Nicaragua, ante tan gravísimas declaraciones (…) recalca que la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Carta de la OEA, prohíben y proscriben expresamente los actos que atenten contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los Estados», resaltó la Presidencia en el comunicado.
La queja del Gobierno local se da en medio de una sangrienta crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 481 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
En una reciente entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Almagro, que al inicio de la crisis no daba crédito a los sucesos en Nicaragua, en meses recientes ha insistido en que una salida pacífica pasa por el adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019, algo que Ortega ha descartado de manera terminante.
