Narváez: “Sentencias del TSJ atentan contra los derechos políticos”
Nota de Prensa
“Sentencias relámpago del TSJ son implacables contra los derechos políticos, no así contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, aseguró el defensor de los DDHH, Rafael Narváez.
“El máximo tribunal de la República es valiente para despojar de símbolos y tarjetas a organizaciones políticas por el solo hecho de reclamar justas condiciones y garantías electorales para el soberano con decisiones exprés que vulnera el debido proceso establecido en el artículo 49 de la constitución, pero muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del estado que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas, desaparición forzadas de personas y ejecuciones extra judiciales encabezadas por las FAES”, destacó
A su juicio, estamos en presencia de una “justicia penal politizada que actúa contrariando sus atribuciones y competencias establecidas en nuestra carta magna y en la ley orgánica del poder judicial que obliga a mantener su autonomía e independencia para garantizar a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial, transparente sin color político”.
Recalcó que es oportuno recordarle al poder judicial que “el enemigo no está en los partidos políticos , los medios de comunicación social, periodistas, médicos, parlamentarios, ni en el ciudadano que protesta por la crisis sanitaria ,por las fallas permanente de los servicios básicos como el agua, energía eléctrica, gas doméstico”.
Narváez aseguró que “el verdadero enemigo es la COVID-19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos que siguen dejando indefensas a las víctimas de violación sistemática DDHH por parte del estado”.
Para finalizar el ex parlamentario exigió al TSJ el diseño de un protocolo ajustado a las normas emanadas de la OMS para evitar el contagio y reiniciar las actividades judiciales en todo el país: “Actualmente el sistema de justicia está paralizada y solo existe para perseguir a la disidencia opositora y dar luz verde al estado para seguir aplicando su política pública de vulnerar los derechos civiles y políticos y garantías constitucionales”.
