Multan por 70 millones de dólares a empresas de pañales de bebé
EFE
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) multó hoy con 208.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares) a tres empresas y a 16 de sus directivos por aumentar artificialmente el precio de pañales desechables para bebés.
La medida afecta a las firmas Tecnoquímicas, Familia y Kimberly, que deberán pagar cada una 68.945.500.000 pesos (unos 23 millones dólares) por «haber incurrido, durante más de una década (2001-2012), en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano», señaló la SIC en un comunicado.
La Superintendencia añadió que las multas impuestas a las empresas no superan el 8 % de su patrimonio ni el 7 % de sus ingresos operacionales anuales para no afectar su estabilidad.
«El cartel empresarial en el que incurrieron por más de una década Tecnoquímicas, Familia y Kimberly afectó, preponderantemente, a los hogares con niños menores de dos años, fundamentalmente aquellos pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2», puntualizó la entidad que vela por la protección del consumidor en el país.
Además la SIC sancionó a 16 personas, todos directivos de las empresas entre quienes están el presidente de Tecnoquímicas, Francisco José Barberi, y los gerentes generales de Familia, Darío Rey Mora, y de Kimberly en Colombia, Felipe José Alvira.
Berberi deberá pagar una multa de 417.120.275 pesos (unos 140.000 dólares), Rey Mora de 344.727.500 pesos (unos 115.000 dólares) y Alvira de 214.309.250 pesos (unos 81.000 dólares).
Según la superintendencia, ellos fueron sancionados por «haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria del régimen de la libre competencia económica».
Al mismo tiempo, la SIC archivó la investigación contra Tecnosur, tras comprobar que la empresa «es únicamente fabricante de pañales y no participa en la comercialización y mercadeo».
También se decidió archivar la investigación a Drypers, que aunque admitió su participación en el cartel, lo abandonó en el 2006 y actualmente se encuentra caducada la facultad sancionatoria del Estado.
De igual forma fueron exonerados 25 funcionarios de las empresas sancionadas, unos por caducidad y otros por haberse probado que no participaron en el cartel empresarial.
La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se inició a finales del año 2013 y contó con la colaboración de Kimberly y Familia como empresas delatoras. EFE
