Mujer es condenada a prisión en Nicaragua por negarse a acusar a un sacerdote

800 Noticias / Foto referencial

El gobierno de Daniel Ortega la presionó para que acusara al religioso de “violencia física” en su contra en lo que ella siempre sostuvo que fue un accidente.

En la Cárcel de Mujeres de Granada, a unos 40 kilómetros de Managua, pasa sus días Martha Candelaria Rivas, una mujer condenada a cinco años de prisión por la justicia que controla Daniel Ortega, en un enrevesado capítulo de la persecución que religiosa que el régimen nicaragüense mantiene contra la iglesia católica.

Rivas fue condenada por el delito de “falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua” luego que se negara a acusar al sacerdote Manuel García Rodríguez por “violencia física contra una mujer”.

Rivas, de 45 años, madre de dos adolescentes, lleva más de 500 días en esa cárcel. Ella es una mujer humilde, ajena a la política de su país. Sin embargo, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas la considera una de las 17 mujeres que el régimen de Daniel Ortega mantiene en prisión por razones políticas.

Su drama comenzó la tarde del 30 de mayo de 2022, cuando junto a sus hijos decidió visitar al sacerdote Manuel García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime, con quien mantenía una amistad que luego definiría como “una amistad íntima”.

“Cuando ya nos íbamos (de la parroquia) él venía adelante, yo atrás, él llevaba el candado en la mano izquierda, me iba criticando que llegué solo a reclamarle y tiró el brazo sin recordar que iba atrás y me dio”, explicó en un video grabado por medios oficialistas.

Una hija de la mujer salió a buscar ayudada. Avisada del incidente, una turba de simpatizantes del régimen rodeó la iglesia y con gritos de “¡Asesino! ¡Asesino!” amenazaba con entrar, según se puede ver en un video divulgado por los mismos sitiadores. Desde la parroquia, el sacerdote blandió un machete y retó a la muchedumbre furiosa que entrara.

Martha Candelaria Rivas nunca acusó al sacerdote. Sin embargo, tanto la Policía, la Fiscalía y los medios de comunicación afines al gobierno la presentaron como víctima y la presionaron para que formalizara la acusación.

El caso de la parroquia de Nandaime se produjo cuando el gobierno de Daniel Ortega escaló la ofensiva que mantienen contra la iglesia católica y comenzó a encarcelar sacerdotes, inicialmente bajo cargos de delitos comunes y luego por los delitos de “traición a la patria” o “divulgación de noticias falsas”.

Catorce sacerdotes, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, han sido llevados a la cárcel desde entonces por el régimen de Ortega.

“Para la dictadura era muy importante llevar a la cárcel a los primeros sacerdotes bajo cargos de delitos comunes, sobre todo con aquellos delitos que lesionan la honra, como violación o la agresión a mujeres, y así despojarlos de ese halo de intocables que tienen ante la sociedad. Luego sería más fácil acusar a los siguientes con los delitos políticos tradicionales, como efectivamente ocurrió”, explica un sociólogo nicaragüense que por seguridad pide no se le mencione el nombre.

El 2 de junio de 2022, los medios afines al régimen divulgaron el video de una entrevista a Rivas en el que se le ve nerviosa contestando las preguntas de una batería periodistas oficialistas.

La fiscal a cargo del caso solicitó a la jueza que la víctima anticipara su testimonio porque, alegó, vivía en una zona alejada del complejo judicial de Granada y podía ser coaccionada para que no continuara con el proceso penal. El anticipo de prueba quedó fijado para el 17 de junio, previo a la audiencia inicial, y ahí el caso dio un giro inesperado.

García, la supuesta víctima del caso, se negó a firmar la denuncia y dijo que todo fue un “accidente”. Aun así, el 22 de junio de 2022, el sacerdote Manuel García Rodríguez fue condenado a dos años de cárcel por el delito de amenazas con arma blanca y una multa de 14,116 córdobas (unos 400 dólares).

A falta de Martha Candelaria Rivas, se presentaron como ofendidos cinco de las personas que rodeaban la iglesia, todos ellos reconocidos en Nandaime como militantes del partido de gobierno, Frente Sandinista. Luego, la juez agregaría los delitos de violencia física y violencia psicológica contra el sacerdote.

Rivas, a su vez, pasó de víctima a victimaria. La jueza del juzgado Segundo Local Penal de Granada, María José Zapata, la condenó a cinco años por cometer el delito de “falso testimonio al deformar hechos que había declarado como verdaderos ante la Policía”. En la presentación de pruebas la mujer negó tener “una relación íntima sentimental” con el sacerdote y alegó que el golpe que recibió no fue intencional.

“La acusada va distorsionando las circunstancias para hacer parecer como una contingencia lo que a todas luces fue un hecho provocado por una conducta, que ya fue calificada como dolosa; además se manifiesta claramente la intención de ocultar hechos para provocar la impunidad de una persona en un delito que es de orden público y perseguible de oficio”, señala la sentencia contra Martha Candelaria Rivas.

“La dictadura nunca buscó justicia para la mujer, solo quería usarla en su plan contra la iglesia católica”, dice el sociólogo consultado. “Podemos tener dudas de lo que ocurrió esa noche en la parroquia de Nandaime, pero lo que quedó claro es que ya había una sentencia contra el sacerdote, a quien acusan de apoyar las protestas de 2018 y cuando Martha Candelaria (Rivas) se niega a acusarlos se les cae el plan inicial, se enfurecen, y deciden castigarla por contradecirlos”.

El sacerdote Manuel García Rodríguez fue desterrado al Vaticano el pasado 18 de octubre junto a otros 11 sacerdotes que el gobierno de Daniel Ortega mantenía como presos políticos. Martha Candelaria Rivas continua en prisión.

Para la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina “la ciudadana Martha Candelaria (Rivas) es una víctima más de las injusticias que se cometen en el país. No dudo que la hayan obligado a declarar en contra del sacerdote, pero después se retractó y decidió no hacerlo y mejor pagar las consecuencias. Como ella se negó a acatar las ordenes entonces la sentenciaron a una condena injustamente”.

Molina destaca que el delito por el cual la condenaron “nunca existió”, y la prueba es que al sacerdote lo dejaron en libertad. “Entonces legalmente no tiene por qué estar encarcelada por un delito inexistente”, dice.

“Es difícil hacer un análisis jurídico de las situaciones que ocurren en un Estado criminal como es Nicaragua”, dice la abogada. “Manipulan el sistema punitivo para criminalizar a opositores y sentenciarlos a una condena que no tiene ningún argumento legal. Nicaragua no es un Estado Democrático y los jueces no se someten al imperio de la ley sino a lo que ordene la pareja dictatorial y es evidente que ellos nunca pasaron por una academia de derecho”.

Con información de infobae.com

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