Muertes no cesan en Nicaragua y violencia ha dejado huérfanos a 43 niños
EFE
Un joven murió este viernes al recibir doce disparos en un barrio indígena del noroeste de Nicaragua en el marco de las protestas antigubernamentales que se han cobrado 285 vidas y han dejado huérfanos a 43 niños.
Wilber Jarquín, de 25 años, falleció la madrugada de este viernes cuando un grupo de policías y encapuchados «rafagueó (disparó) contra una de tantas barricadas que la población sigue levantando a pesar de la llamada «Operación Limpieza», que consiste en ataques a quienes se oponen al Gobierno de Daniel Ortega y trata de devolver la normalidad a las calles a balazos, denunció el Movimiento 19 de Abril-León.
El tiroteo ocurrió en el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, un importante bastión del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta el estallido social contra Ortega, del 18 de abril pasado.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, quien se encuentra en Roma para explicar en persona al papa Francisco sobre la crisis en Nicaragua, dijo en declaraciones que reprodujo el Canal Católico local que la situación que vive su país «es mucho más duro que una guerra».
«Lo habíamos visto en las dos guerras (insurrección sandinista contra Somoza y guerra civil en los años 80 del siglo pasado) que hemos tenido donde han muerto más de 50.000 personas, pero había personas armadas», explicó.
«Un grupo armado contra otro grupo armado. Pero en este caso no. Ha sido contra personas que iban caminando por la calle sin arma o alguien detrás de una barricada, quizá con un mortero (…) Entonces esto es mucho más duro que una guerra», reprochó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios nicaragüenses han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció en un informe que policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas «hacen uso de arma de guerra no justificado, con francotiradores, contra ciudadanos que protestan cívica y pacíficamente» y son las causantes principales de las 285 muertes.
«La muerte de un miembro de una familia no solo perjudica a una madre sino a todo un ambiente, y cuando ya llevamos más de 300 ya perjudica a toda la nación», continuó el cardenal Brenes, quien dijo que la Conferencia Episcopal, testigo y mediador de un diálogo, hace todo su esfuerzo porque se encuentre una solución negociada en Nicaragua.
Durante la jornada, vecinos de la ciudad de Masaya recordaron a los muertos en las revueltas antigubernamentales en una concentración en la que la población alzó su grito nuevamente en memoria de los caídos, cifrados en 285 por organizaciones de Derechos Humanos.
Durante la marcha los manifestantes denunciaron el «asedio constante que ha tenido el Gobierno de Ortega y las fuerzas del orteguismo en el municipio de Masaya», donde 35 personas fueron asesinadas desde que comenzaron las protestas.
La crisis sociopolítica también ha dejado huérfanos a unos 43 niños desde el estallido social de abril, denunció la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
La vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, aseguró que la paz y el bien están avanzando en Nicaragua, y que «las fuerzas del bien» se impondrán a las «fuerzas del mal».
Anotó que cuando se levantan las fuerzas del mal, «también se levantan las fuerzas del bien para restablecer el orden y la justicia».
Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
