Muerte de joven revive debate sobre feminicidios en Paraguay
800 Noticias | EFE
La muerte de una joven de 20 años que fue arrollada en varias ocasiones por un vehículo conducido por su expareja revivió el debate sobre la problemática del feminicidio en Paraguay, donde 25 mujeres han perdido la vida en lo que del año y unos 26 niños han quedado huérfanos como consecuencia de este tipo de violencia.
El caso de Katia Montserrat Brítez acaparó el domingo la atención de los medios locales, que informaron sobre el ataque del que ella fue víctima cuando regresaba a su casa en la ciudad de Lambaré, vecina a la capital paraguaya, Asunción.
Brítez, quien sufrió múltiples fracturas, perdió la vida horas después en un centro asistencial. Su muerte sacudió a la opinión pública tras conocerse las imágenes de la agresión y los hechos que desembocaron en el triste desenlace.
Contra el presunto agresor, quien fue detenido e identificado como Osvaldo Zaracho, había sido dictada detención domiciliaria y una orden de restricción, a raíz de una denuncia que Brítez presentó en febrero pasado.
«Lastimosamente, todos estamos de alguna manera estupefactos por lo que vimos», afirmó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien incluyó este asunto en la agenda que abordó el lunes en su primer consejo de ministros desde que asumió el Ejecutivo el pasado 15 de agosto.
Cifras del Observatorio del Ministerio Público revelaron este martes que en este año se han registrado 25 feminicidios en el país, cuyas víctimas tenían entre 12 y 69 años de edad.
Entre las fallecidas, 16 tenían hijos. Es así como 26 niños quedaron huérfanos a causa de este delito.
Sobre el vínculo del agresor con la víctima, el Ministerio Público detalló que 14 eran pareja de la fallecida, 5 conocidos, 5 exparejas, 3 novios, 1 esposo y 1 padrastro.
Además, en esta jornada se denunciaron las «barreras» que afrontan las víctimas de violencia basada en género.
«El caso de Katia, desde nuestro punto de vista, es una especie de crónica de una muerte anunciada», lamentó Mirta Moragas, de la organización Consultorio Jurídico Feminista, y quien consideró que esto «es lo que pasa y lo que puede pasar cuando el Estado no toma medidas adecuadas de protección».
Durante la presentación del documento «Barreras y nudos críticos en el tratamiento de las denuncias de las mujeres sobre violencia basada en género», Moragas señaló que Katia «hizo todo lo que el Estado le dijo que haga en un caso de violencia», y lamentó que «el sistema de protección le falló».
«No es un caso aislado. En nuestra experiencia, este tipo de situaciones, donde las mujeres hacen denuncias, donde recurren al Estado y el Estado no da respuestas adecuadas, es algo que lo vemos en el cotidiano», agregó.
La investigación, elaborada por el Consultorio Jurídico Feminista, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señaló que, contrario a la ley, varios Juzgados de Paz piden acudir ante la Policía, como paso previo para recibir una denuncia de violencia.
También indicó que, pese a que la duración de las medidas de protección «no está establecida en la norma», en la práctica, «los Juzgados de Paz otorgan automáticamente 90 días, y según ellos, a los 90 días vence».
Otras observaciones estuvieron relacionadas con el horario de atención de los juzgados, la exigencia de contar con el patrocinio de un abogado o de presentar un documento de identidad para formular la denuncia.
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