MUD prioriza crisis económica en agenda legislativa
Caracas, AFP.- La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) divulgó el viernes su propuesta para la legislatura que comenzará el 5 de enero, en la que espera hacer valer su amplia mayoría para adoptar prioritariamente medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.
He aquí sus principales propuestas:
Economía
La MUD plantea modificar leyes que imponen controles a la distribución y venta de productos básicos, para reducir la escasez de 60% de esos rubros. Se incluye la ley de Precios Justos, que fija las ganancias en la cadena de producción y comercialización.
También se consideran normas que mejoren la seguridad jurídica, ofrezcan garantías a inversionistas y reversen expropiaciones ordenadas por el gobierno sin las indemnizaciones apropiadas.
La MUD también espera dictar leyes que mejoren el ingreso salarial de los trabajadores en un país con una inflación esperada de 205% para 2015, y entregar la propiedad de las viviendas a los beneficiarios de programas habitacionales del chavismo.
Presos políticos
La MUD propone una «amnistía general» para quienes sean objetos de juicios o sentencias a raíz de protestas políticas y posiciones disidentes. También beneficiaría a quienes hayan sido inhabilitados políticamente.
Corrupción
La coalición plantea una «Ley de Repatriación de Capitales Corruptos», que establecería mecanismos de cooperación internacional para obtener información destinada a «rastrear los capitales objeto de delitos contra el patrimonio público».
Asimismo, se prevé una «Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas», para utilizar licitaciones abiertas como norma en la gestión pública.
Servicios Públicos
La oposición subraya que hay problemas especialmente con el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte público, las telecomunicaciones» y su infraestructura, identificando los monopolios estatales como causa de las deficiencias.
Por ello se propone «suprimir los monopolios y reservas» que el Estado maneja, permitiendo que gobiernos regionales y municipales, o empresas privadas o mixtas a través de concesiones, puedan participar en esas actividades.
La mejora de infraestructura abarca «vialidad, acueductos, recolección de basura, puertos y aeropuertos», mediante una ley de asociaciones entre empresas públicas y privadas que cumplan con las obras.
También se aprobaría una «Ley de Medios de Comunicación Públicos y Comunales» que buscará «eliminar la hegemonía mediática de cualquier parcialidad política».
Contraloría
La oposición afirma que aplicará la facultad de control sobre el Ejecutivo, y por eso interpelará a ministros y presidentes de empresas estatales de alimentación, economía y finanzas, y control cambiario; al presidente del Banco Central de Venezuela por «ocultamiento de indicadores» sobre la economía; salud y seguridad social, y al presidente de la poderosa estatal Petróleos de Venezuela sobre el estado del sector.
También se convocará a la fiscal general y al contralor general «por casos de corrupción no investigados»; al ministro de Interior y autoridades de cuerpos policiales «por las medidas y planes de seguridad, y por casos de represión y violación de derechos humanos».
