MUD entregó documento en la Contraloría para rechazar inhabilitaciones
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, asistió este jueves a la sede de la Contraloría General de la República en Caracas con la intención de entregar una comunicación escrita al jefe de ese despacho en donde repudia las inhabilitaciones contra dirigentes de la oposición y pedir rectificar esta medida.
A continuación el texto entregado:
Caracas, 23 de Julio de 2015
Ciudadano
Dr. MANUEL GALINDO BALLESTEROS
Contralor General de la República
Ciudad.
Me dirijo a Ud. en la oportunidad de expresarle nuestro firme rechazo a las medidas que ha adoptado el despacho a su cargo, al intentar inhabilitar en el ejercicio de sus derechos políticos a un grupo de destacados dirigentes de la Unidad Democrática, varios de ellos candidatos en las venideras elecciones de la Asamblea Nacional.
Es nuestro criterio que tales decisiones vulneran nuestro máximo pacto de convivencia social y política, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, el artículo 42 de nuestra Carta Magna establece textualmente que “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. La medidas que anunció la Contraloría General de la República son un acto administrativo, no una sentencia, y la institución que las emite no es una autoridad judicial, por lo que las llamadas “inhabilitaciones” no llenan los extremos legales exigidos por la Constitución.
Destaco ante su atención que quienes hoy tienen derecho a sentirse agredidos por estas medidas emitidas por el despacho a su cargo no son solo María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Manuel Rosales y Pablo Pérez. El campo de los afectados no se limita a la oposición política. En realidad, estas medidas de inhabilitación lesionan a toda Venezuela. Nuestro país se encuentra inmerso en una honda y aguda crisis política,económica, social, institucional y ética. Construir una solución pacífica, constitucional y democrática a esta crisis pasa por la realización de elecciones que brinden una salida al descontento. Medidas como las adoptadas por el Despacho a su cargo no solo son de discutible legalidad, sino que tienen además un efecto dañino para la salud de la República, al promover la reducción de la utilidad de las elecciones como mecanismo para la resolución pacífica de conflictos.
Reiterándole nuestra preocupación venezolanista y nuestro llamado a que estas medidas sean dejadas sin efecto, queda de usted.
800Noticias / Mildred Manrique
