MP acusó a un militar y a un civil por el homicidio del capitán indígena en Amazonas
Nota de Prensa
El Ministerio Público acusó al funcionario del Ejército Nacional Bolivariano, Tony José Camico Evaristo (25 años) y a José Emilio Solórzano Mendoza (35 años) por la muerte del capitán de la comunidad indígena “Montaña Fría”, Eduardo Garrido, ocurrido el pasado 26 de mayo en el municipio Atures del estado Amazonas.
La tarde del mencionado día, Solórzano y Camico, en compañía de otros tres funcionarios del Ejército, se trasladaron desde el puente Cataniapo hasta la citada zona indígena, donde habrían ingresado a la vivienda de un poblador, a quien agredieron físicamente y robaron varias de sus pertenencias.
Al notar la irregularidad, los vecinos del sector se apertrecharon con implementos agrícolas y acorralaron a los cinco hombres, quienes abordaron un vehículo y dejaron atrás a Camico, que, al verse cercado por las personas, accionó su fusil hasta impactar mortalmente a Garrido.
Los habitantes del lugar interpusieron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuyos funcionarios detuvieron el pasado 7 de junio a Camico y Solórzano.
Ambos fueron aprehendidos, luego de que el Tribunal 3º de Control de Amazonas acordara las respectivas órdenes de aprehensión, solicitadas previamente por la institución garante de la legalidad en el país.
Las fiscalías 91ª nacional y 4ª de esa jurisdicción acusaron al militar del Ejército por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil; uso indebido de arma orgánica, violación del domicilio, trato cruel y robo agravado en grado de coautor. También fue acusado por agavillamiento y violación de tratados y pactos internacionales suscritos por la República.
Mientras que a Solórzano Mendoza se le acusó como cómplice necesario en los delitos de robo agravado y homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil, así como agavillamiento y violación de tratados y pactos internacionales suscritos por la República.
En el escrito presentado ante el Tribunal 3º de Control, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento de los dos hombres y que se mantengan privados de libertad en las sedes de la Policía Municipal de Atures y la policía regional en Puerto Ayacucho.
