Movimientos sociales piden a pequeños empresarios sumarse a paro en Nicaragua
EFE
Varios movimientos sociales y organismos cívicos nicaragüenses instaron este jueves a los pequeños empresarios a sumarse a un paro nacional este viernes, contra el Gobierno que preside Daniel Ortega.
«Convocamos especialmente a los pequeños empresarios, a los comerciantes, artesanos y trabajadores por cuenta propia, a participar con entusiasmo en esta actividad por la liberación de más de 150 prisioneras y prisioneros políticos que la dictadura retiene de manera ilegal e injusta», señaló la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, en una declaración.
Para la denominada Articulación, agregó, «este paro contra la dictadura orteguista debe ser total».
Asimismo, instó a todos los nicaragüenses que cuestionan «a este régimen dictatorial, sanguinario, corrupto, nepótico y violador de los derechos humanos de la ciudadanía» a participar en ese paro, con el fin de enviar «un mensaje inequívoco mediante el cual la mayoría de la población le dice nuevamente a la familia Ortega-Murillo: qué se vayan».
El paro nacional fue convocado este jueves por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, y que es contraparte del diálogo nacional con el Gobierno, para superar la crisis de Nicaragua, que ha dejado entre 322 y 481 muertos desde abril, según cifras de organismos de derechos humanos locales y extranjeros.
El objetivo del paro nacional es presionar por la libertad de los «reos políticos», calculados en al menos 135, pero que podrán ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas, según las organizaciones humanitarias locales.
En una entrevista con la Agencia Efe en Managua esta semana, el presidente Daniel Ortega negó que en el país haya presos políticos, y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
El de mañana será el tercer paro nacional en Nicaragua contra el presidente Ortega, tras uno el 14 de junio, para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otro el 13 de julio, para mostrar su rechazo a la celebración anual sandinista conocida como «El repliegue».
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega también negó dichas acusaciones, y ha sostenido que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
