Movimiento opositor de Nicaragua convoca movilización y pide sanciones para Ortega
EFE
La Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento de oposición de Nicaragua, convocó a una movilización para el sábado contra el Gobierno de Daniel Ortega, y anunció que redoblará la presión internacional para promover sanciones contra el mandatario y sus principales allegados.
Esa Unidad informó este jueves en una rueda de prensa de que solicitaron permiso a la Policía Nacional para realizar esa movilización entre la rotonda «Centroamérica» y el monumento «Alexis Argüello», sobre una de las principales avenidas de Managua, a partir de las 14.00 hora local (20.00 GMT) del próximo sábado.
Ese movimiento explicó que esa movilización forma parte de una «nueva fase de resistencia cívica» contra el presidente Ortega, a quien acusaron de ser «intransigente» en la mesa de negociación que mantuvo con una alianza opositora y que concluyó el miércoles sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.
«Ante la intransigencia del régimen Ortega Murillo, consideramos esencial entrar a una nueva fase de la resistencia cívica», señaló Violeta Granera, de la Unidad Nacional.
Esa nueva fase estará enfocada en redoblar la presión internacional para la promoción de sanciones para los principales «operadores del régimen» y la incidencia ante los organismos multilaterales para la aplicación de la Carta Democrática, dijo, por su lado, Katherine Ramírez, al leer un pronunciamiento.
También en fortalecer la movilización ciudadana, en el marco de un plan amplio de desobediencia civil y desobediencia fiscal, anotó.
Asimismo, profundizar los procesos de condena internacional por las violaciones a los derechos humanos «y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen», continuó.
Además, continuar el proceso de organización ciudadana en todo el territorio nacional «como una plataforma amplia e incluyente de resistencia ciudadana frente al régimen».
Otra de las acciones será demandar la liberación inmediata de los denominados presos políticos, así como la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnudh) como los únicos garantes que podrían permitir una continuidad de las negociaciones y el efectivo cumplimiento de los acuerdos a que llegasen las partes.
El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron este miércoles la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin consenso en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.
Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados «presos políticos».
La Unidad Nacional, a la que pertenece la Alianza Cívica, lamentó que a lo largo de todo el proceso de negociación «el régimen Ortega Murillo no tuvo la más mínima voluntad política de alcanzar acuerdos que permitan una efectiva salida a la actual crisis».
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
