Movilización internacional contrasta con tímidas protestas en Venezuela
EFE
La comunidad internacional comenzó ya a movilizarse ante la crisis en Venezuela, con el anuncio de reuniones de urgencia del Mercosur y la OEA, mientras se registran tímidas manifestaciones en el país, donde incluso la fiscal general, Luisa Ortega, admitió que hay una «ruptura del orden constitucional».
Dos días después de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, por la que asume las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, varios Gobiernos insisten en llamados a adoptar medidas para promover «la democracia, el diálogo y el reencuentro entre los venezolanos».
Las reacciones internacionales contrastan con la tensa calma en Venezuela, donde las manifestaciones de rechazo han sido escasas y con poca afluencia tanto de opositores como de simpatizantes del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En la Organización de Estados Americanos (OEA) más de 20 países solicitarán formalmente una sesión extraordinaria el lunes para declarar que en Venezuela hay «una alteración del orden constitucional».
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien desde que llegó a la organización ha denunciado lo que considera violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Maduro, ya había solicitado que se convocara una sesión urgente.
En Washington, el gobernador y líder opositor venezolano Henrique Capriles, tras reunirse con Almagro, pidió que se «reconozca esa ruptura» porque en Venezuela «se dio un golpe de Estado».
Mientras el Mercosur convocó para mañana a los cancilleres de los países miembros para analizar las «posibles vías de solución» y reiterar «su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho».
Venezuela era miembro de pleno derecho del Mercosur hasta diciembre pasado, cuando fue cesado en sus derechos.
La Cancillería venezolana dijo este viernes que «es falso» que se haya consumado un golpe de Estado en el país y manifestó su «repudio» ante lo que calificó como una «arremetida» por parte de los Gobiernos «de la derecha intolerante».
Sorpresiva fue la declaración de la fiscal general Ortega, quien dijo que las sentencias del Supremo «se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado» en la Constitución «lo que constituye una ruptura del orden constitucional».
Entre los venezolanos el ambiente es de apatía, desinformación y miedo, según constató Efe en las calles, por desconocimiento de la sentencia o porque pese a saber del tema ya no protestan, porque «solo se han logrado muertes, detenciones y reforzamiento del chavismo».
Desde afuera las voces han sido más fuertes, como la decisión de Perú de retirar definitivamente a su embajador en Venezuela.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó de «inaceptable» la situación y pidió que cualquier transición «sea pacífica», al tiempo que su Gobierno ordenó al embajador en Caracas regresar a Bogotá para que «informe» sobre lo que sucede en ese país.
En Panamá, el mandatario Juan Carlos Varela anunció que propondrá a Maduro que un grupo de países acompañe el diálogo «para que de una vez por todas ambas partes se sienten» y se den «las elecciones democráticas» en Venezuela.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ofreció la colaboración de su país «para que Venezuela pueda retomar el diálogo y retornar al camino del derechos y la plena democracia».
El mandatario Enrique Peña Nieto dijo que México «no puede permanecer indiferente», como no lo hizo en 2002, cuando «se intentó de manera ilegal derrocar al Gobierno constituido» del entonces presidente Hugo Chávez.
Ecuador, uno de los aliados del Gobierno venezolano, alentó al diálogo, a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para superar el «impase entre poderes del Estado» y rechazó cualquier intento de desestabilización «promovido desde instancias internacionales».
Bolivia expresó «su solidaridad y apoyo incondicional» a Venezuela al considerar que afronta un nuevo ataque y acoso político que busca desestabilizar al Gobierno.
En cambio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «grave injerencia» del Tribunal Supremo porque es «una anulación de facto del voto popular».
El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al Gobierno y a la oposición a reactivar el diálogo y subrayó la importancia de la separación de poderes.
España defendió un diálogo «urgente, inclusivo y efectivo» en un contexto de «escrupuloso respeto» al Estado de Derecho.
Alemania acusó a Maduro de convertir a la población en «rehén de sus propias ambiciones», mientras Rusia pidió que el diálogo se imponga sobre la confrontación y consideró que ninguna fuerza externa debe «echar más leña al fuego».
