México dice que no aceptará a migrantes repatriados por Texas
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El gobierno de México dijo este martes que no aceptará a migrantes que sean expulsados por nueva ley de inmigración SB4 de Texas, que permite a la policía detener y expulsar a personas sospechosas de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Señaló que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.
La Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
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“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la cancillería.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Más reacciones contra SB4 en Texas
La Casa Blanca también rechazó este martes la decisión. En un comunicado, la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación de «inconstitucional».
La normativa «no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur», señaló.
La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la «politización de la frontera por parte de los republicanos».
La organización Human Rights Watch también dijo en un comunicado que la SB 4 otorga poderes desproporcionados y excesivos para hacer cumplir la ley de inmigración a los agentes del orden estatales y locales.
“Los gobiernos nacionales tienen derecho a regular sus fronteras siempre que cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados”, dijo Bob Libal, consultor de Texas de la organización. “Pero permitir que Texas siga con su draconiano sistema de criminalización y devolución de solicitantes de asilo es una receta para el caos y el abuso”.
El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, acusó al tribunal de optar por “una extralimitación”.
Con información de Univisión
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