MAS pide al Defensor del Pueblo trasladar a cárcel militar a capitana Laided Salazar
Nota de prensa del MAS.- El Movimiento al Socialismo (MAS) solicitó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el traslado a un centro militar a la Capitana de Aviación Laided Salazar, recluida en el Centro Penitenciario de Uribana desde el pasado 16 de mayo de este año tras ser imputada por delitos de instigación a la rebelión y participación en el denominado Golpe Azul.
A Laided Salazar, quien fue postulada como candidata por el MAS en el circuito uno del estado Aragua (Girardot, Mario Briceño Iragorry y Costa de Oro) solo se le permite recibir visitas una vez al mes y se le prohíbe el contacto con su hijo, un menor de once años; según relató su madre, Ana Teresa de Salazar, quien agregó que la reclusa y a su hijo se le violentan Derechos Humanos fundamentales.
Destacó que su hija fue trasladada hasta Uribana de forma irregular, sin tener orden de traslado y sin que hasta la fecha las autoridades se pronunciasen para ofrecer detalles del traslado. “A mi hija la acusan injustamente de algo que no tiene pie ni cabeza, de instigación a la rebelión. A los mismos testigos del juicio les preguntaron si fueron instigados y respondieron que no. ¿Cómo puede haber instigación si no hubo instigados? Cuestionó Salazar.
Ana Teresa de Salazar hizo un llamado al Defensor del Pueblo para acelerar el traslado, y aseguró que le ha enviado al funcionario unas 4 notificaciones haciendo esta solicitud. “Sus compañeros tienen visitas todos los fines de semana y a ella le permiten una llamada familiar solo una vez a la semana. Al Defensor, al Ministro Padrino López, al Presidente de la República y todo el que tiene que ver, les pedimos que por favor se avoquen a resolver esta situación”.
Por su parte, Simón González, presidente de la tolda naranja en el estado Aragua, señaló que el MAS se solidariza con Laided Salazar, a quien respaldan como candidata a diputada, así como el resto de los casi 80 presos políticos que existen en el país, además de los exiliados e inhabilitados. González manifestó que estas acciones se enmarcan dentro de una práctica que adelanta el Gobierno venezolano para amedrentar a quienes se oponen a este sistema político.
