Más de 30 imputados por atacar una sede electoral boliviana que será demolida
EFE
Un fiscal imputó por distintos cargos, incluido el de organización criminal, a 31 procesados por el ataque a la sede del órgano electoral de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz, que sufrió graves daños, informó una fuente oficial.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó de que fue presentada la imputación formal por delitos de incendio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, daño calificado, organización criminal, estragos y lesiones graves y leves, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
«La imputación fue presentada en el marco de la investigación que se sigue por los destrozos y quema del Tribunal Electoral Departamental, además de daños causados a funcionarios policiales que se encontraban custodiando el lugar la noche del 22 de octubre», explicó Salguero, citado en la nota.
El pasado martes en la noche hora local «los custodios policiales se encontraban haciendo guardia fuera del tribunal, donde fueron sorprendidos por una turba de jóvenes de sexo masculino que se encargaron de agredirlos físicamente», relató.
«Los jóvenes se encontraban armados con objetos contundentes con los que entraron a la fuerza a las oficinas del Servicio de Registro Cívico y del tribunal, donde incendiaron ambas instalaciones, además aprovecharon de sacar muebles, computadoras, biométricos y otros equipos», agregó.
La fiscal asignada al caso, Jenny Ortiz, indicó que se espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha para la audiencia de medidas cautelares de los 31 imputados y se defina su situación jurídica, de acuerdo con el comunicado.
En la región de Chuquisaca, el fiscal Juan Carlos Trigo informó de que la autoridad jurisdiccional otorgó medidas sustitutivas a tres acusados de robo agravado en grado de tentativa.
«Presuntamente ingresaron a la fuerza a sacar computadoras y otros materiales del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, la noche del martes 22 de octubre», detalló en la nota.
«Durante el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares, el juez decidió otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas apersonarse al juzgado y la prohibición de acercarse o participar en alguna marcha de protesta», indicó Trigo.
El Ministerio Público anunció un recurso de apelación a la decisión del juez, «ya que existirían probables riesgos procesales de fuga, la incongruencia en la resolución y una deficiencia en la valoración de los indicios probatorios», argumentó.
Trigo señaló que fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional a un extranjero, del que no se encontraron elementos objetivos que acrediten su participación en los hechos.
Los ataques a sedes del órgano electoral se sucedieron esta semana en varias regiones el país durante protestas por un supuesto fraude en las elecciones del domingo a favor del presidente de Bolivia, Evo Morales.
