Más de 100 diputados han sido víctimas de persecución
La Prensa Lara
A cinco años de ser electa la Asamblea Nacional, 131 diputados han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, con agresiones verbales, físicas y persecución de funcionarios de seguridad y colectivos armados. Así lo revela el Informe Especial sobre la situación Parlamentaria que emitió la comisión de Justicia y Paz a cargo de la diputada Delsa Solórzano, el pasado 12 de agosto. El documento precisa que 30 legisladores tienen su inmunidad parlamentaria allanada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 30 mantienen procesos judiciales abiertos, varios con orden de captura; cinco se encuentran encarcelados sin sentencia; 26 están en el exilio y cuatro en la clandestinidad.
Con este balance, politólogos, expertos en derecho constitucional y parlamentarios, coinciden que ha sido el período legislativo en los anales de la historia política del país, con más violaciones a la Constitución, donde se ha socavado la voluntad popular que en 2015 eligió a 112 diputados opositores, de los 167 cargos que tiene la AN.
«Es un parlamento sitiado por un régimen violento y por cuerpos de seguridad que violan la Constitución y que han estado al margen de la ley respondiendo a intereses particulares y no al país», denunció Biagio Pilieri, parlamentario de Yaracuy, al recordar que las violaciones de DDHH han sido una práctica recurrente del gobierno, incluso él en 2009, cuando resultó electo por primera vez diputado siendo preso político, se le impidió juramentarse cuando le correspondía a pesar de ser absuelto en dos juicios.
«Hemos sido perseguidos por grupos irregulares, armados, violentos y criminales que durante cuatro años le han hecho la vida imposible a cada parlamentario que no comulga con el gobierno. Y digo cuatro años porque desde enero de 2020 cuando se instaló el período legislativo, no hemos podido pisar la sede del Parlamento, comentó. Según el conteo que realiza la ONG Acceso a la Justicia, el TSJ en el último lustro ha emitido 135 sentencias contra la AN, provocando que ninguna ley creada esté vigente en el país.
Para el abogado constitucionalista Jairo García, la violación sistemática de los derechos de la Asamblea Nacional para ser un contrapeso con los demás poderes del país y garantizar la democracia sólo tiene una explicación. El gobierno está ejerciendo una nueva Constitución, creada por la ANC pero que no ha hecho pública y no ha sido aprobada por el pueblo.
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