Martinelli listo para «batalla larga» en EEUU tras permitirse su extradición
EFE
La defensa legal del expresidente panameño Ricardo Martinelli está preparada para una batalla judicial «larga» en Estados Unidos, luego de que un juez federal de este país considerara este jueves que la solicitud de extradición presentada por Panamá «satisface todos los requerimientos».
En un fallo de 93 páginas, el magistrado Edwin Torres dio la razón a la Fiscalía, que representa en este caso al Gobierno de Panamá, que solicita la extradición de Martinelli al ser requerido en su país por presuntos delitos de peculado y escuchas ilegales.
La decisión, que mantiene al expresidente en un centro de detención federal de Miami, obliga a la defensa a un camino de apelaciones y recursos en instancias judiciales superiores para tratar de evitar la extradición, según señalaron a Efe personas de su entorno.
«Tras la consideración cuidadosa del expediente, las pruebas presentadas para las audiencias de extradición, junto con los argumentos orales, la moción del Gobierno es concedida», asegura el juez en su pronunciamiento, que fue divulgado vía electrónica a través de un sistema de acceso público y sin citar a las partes a una audiencia.
El magistrado señaló que «hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados contra el (ex)presidente Martinelli», y que la conclusión conlleva la existencia de «motivos razonables para suponerle culpable de todos o algunos de los delitos imputados».
«Nos parece equivocada, pero nosotros decimos confiar en el estado de derecho que existe y caracteriza la democracia de EE.UU. y que no existe en Panamá», señaló a Efe el portavoz del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, tras conocerse la decisión del juez Torres.
Agregó que el expresidente panameño está preparado, «mental y físicamente», para «un proceso largo» y que ello está determinado en su decisión de «hacer la pelea legal en Estados Unidos».
El portavoz señaló que a la defensa le quedan dos instancias judiciales superiores, una de ellas posiblemente el Undécimo Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), y, si no logran una decisión favorable, barajan interponer un recurso ante el Departamento de Estado, que tiene la última palabra en este proceso.
«No puedo adelantar la estrategia legal, en su momento se sabrá», expresó Camacho, quien añadió que la abogados plantearán, eso sí, que el exmandatario pueda continuar la batalla legal en libertad bajo fianza, que ya le fue rechazada en más de una ocasión desde que fue detenido el pasado 12 de junio.
Martinelli está requerido en su país por peculado (malversación de caudales públicos), por la supuesta compra con fondos públicos de sistemas de vigilancia, y escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
En su escrito, el magistrado Torres tiró por tierra los principales pilares esgrimidos por la defensa, uno de ellos el de la necesidad de una «causa probable», es decir el debido proceso, establecido en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904.
Sin embargo, insistió Camacho, «no hay ninguna evidencia, ni testimonial ni documental, en el expediente que se envió desde Panamá» para sustentar los cargos contra el expresidente.
Asimismo, el juez desestimó el argumento de que en ese mismo tratado no estaba contemplada la «retroactividad» de los delitos y no incluía los delitos cibernéticos.
Pese a que el delito de «interceptación ilegal de comunicaciones» no está incluido en el tratado de extradición, sí forma parte de la «Convención de Budapest» sobre crímenes cibernéticos suscrita en 2004 y a la que Panamá se adhirió en julio de 2014, cuando las supuestas escuchas ya se habían producido, precisó Camacho.
El otro tercer pilar desechado en el escrito judicial fue el de que el expresidente es un «perseguido político» del actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela, quien fue su canciller y vicepresidente.
Martinelli llegó en 2015 a Miami tras haber residido en paradero desconocido durante varios meses después de abandonar Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día en el que el Supremo panameño abrió la primera de las causas penales en su contra.
El expresidente tiene planteada desde ese año una solicitud de asilo, aún no respondida, en la que alega que es un perseguido político
