Marcharon contra el indulto a Fujimori
EFE
Miles de peruanos, integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles participaron en movilizaciones de protesta contra el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Con el lema principal de «El indulto es un insulto» y acompañados por grandes banderas, carteles y representaciones artísticas y musicales, los manifestantes rechazaron el beneficio que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre.
Ese día, Fujimori fue eximido de cumplir el resto de la sentencia que cumplía desde 2009 y también se le otorgó el derecho de gracia, que lo excluye de juicios en curso y a futuro.
La manifestación más multitudinaria se dio en Lima, donde se formaron concentraciones en diferentes zonas de la ciudad, como el Campo de Marte, la plaza Bolognesi y el centro del distrito de Miraflores, que luego emprendieron un recorrido por calles hacia la plaza Dos de Mayo, punto central de un mitin.
Las marchas también se presentaron en otras ciudades como Barranca, Ayacucho, Cuzco, Piura y Arequipa, donde colectivos civiles y sociales se manifestaron pacíficamente, mientras eran escoltados por la Policía, para exigir la revocación del indulto.
En todas las manifestaciones fue notoria la presencia de afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor gremio sindical del país, así como de partidos políticos como los izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio.
El máximo dirigente de esta última agrupación, el legislador Marco Arana, afirmó que insistirán en presentar un pedido para que el Congreso destituya a Kuczynski de la Presidencia.
«Se está en consultas con diversos congresistas y bancadas para conseguir los votos necesarios para presentar esa moción», explicó al Canal N de televisión.
Arana aseguró que «está claro el rechazo ciudadano» al indulto, que calificó de «pacto de impunidad» entre Kuczynski y una facción del fujimorismo, liderada por el también congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del indultado exgobernante.
Kuczynski otorgó el indulto, sustentado en razones humanitarias, tres días después de que el grupo liderado por Kenji se abstuviera de votar en el Congreso por un pedido de destitución que se presentó contra el gobernante por los vínculos de una empresa suya con la constructora brasileña Odebrecht.
La líder de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, participó en la manifestación de protesta celebrada hoy en Cuzco, desde donde declaró que el pueblo peruano está «cargado de indignación, pero también de esperanza».
Mendoza dijo que Kuczynski «tiene que irse porque ha traicionado a la patria y ha mentido al pueblo peruano de manera descarada».
Horas antes de estas movilizaciones, Kuczynski afirmó que en su país «hay mucho por hacer», por lo que su Gobierno quiere «trabajar» y no le «interesan las discusiones».
El presidente presentó el martes una remodelación de su gabinete de ministros, al que ha denominado «de la reconciliación», tras las crisis política en que sumió a su país por el indulto a Fujimori y las acusaciones de que una empresa suya tuvo vínculos con Odebrecht.
En las manifestaciones de hoy también participaron familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Fujimori, así como de las esterilizaciones forzadas denunciadas durante su Gobierno (1990-2000).
Precisamente, las víctimas de las esterilizaciones anunciaron que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano cumpla con juzgar al exmandatario por estos casos.
La abogada María Ysabel Cedano, de la organización civil Demus, dijo que buscan que la CIDH «le diga al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia».
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó hoy que la resolución que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tras analizar el indulto en una audiencia el próximo 2 de febrero deberá ser acatada por el Estado.
«Lo que va a decidir en esa audiencia no lo sabemos, pero lo que se resuelva obviamente es vinculante para el Estado peruano», anotó Rodríguez.
