Machado: «Maduro viola los derechos de los venezolanos y también de los colombianos que residen en Venezuela»
María Corina Machado se solidarizó este martes con los ciudadanos colombianos que han sido expulsados arbitrariamente por parte del régimen de Nicolás Maduro, en lo que parece ser una operación masiva de abusos y vejaciones contra los neogranadinos que hacen vida en Venezuela. “Utilizan, manipulan a la gente y después la patean, la maltratan, eso es lo que están haciéndole a los colombianos hoy”, dijo la diputada.
Durante su programa radial “Contigo” y después de pasar por la plaza La Concordia (Caracas), donde reúnen a los colombianos antes de deportarlos, Machado rechazó las tareas arbitrarias que están ejecutando los efectivos de la Guardia Nacional. “Detienen a cientos y cientos de personas: hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que sin saber la razón por la que vienen a Venezuela, su estatus legal o la profundidad de sus raíces con el país que los ha escogido, literalmente son secuestrados y son enviados desde la plaza La Concordia hasta la frontera”, denunció.
La líder de Vente Venezuela relató que muchos de estos colombianos ni siquiera pueden recoger sus pertenencias y son tratados como animales. “Los atrapan en los carritos, en las colas de los mercados, caminando en la calle o en cualquier lugar público, frente al Consulado, pero todos sabemos lo que está detrás de esta operación”, sostuvo.
Además, la parlamentaria aseguró que estas mal llamadas deportaciones parecen responder a que los colombianos ya no son útiles políticamente para el régimen venezolano. “En el año 2004, en el marco de la Misión Identidad, el régimen de Chávez se propuso abrir la frontera a miles de colombianos para darle estatus legal a los colombianos, a cambio de que votaran en el referendo revocatorio de agosto de ese año”, indicó, al tiempo que criticó que ahora pretendan prescindir de ellos de la manera más cruel.
“Los relatos son escalofriantes. Lo que me han contado directamente y lo que aparece en la prensa es una demostración de una actuación xenofóbica. Les niegan las remesas, los acusan de contrabando, les niegan la compra de alimentos y ahora los están deportando”, explicó.
En el marco del programa de radio, María Corina pudo conversar con dos oyentes que llamaron a la emisora para denunciar lo que está sucediendo con los ciudadanos neogranadinos. Uno de ellos, de nacionalidad colombiana, contó saber de amigos cercanos a los que han devuelto arbitrariamente a su país. Asimismo, una mujer confirmó que en Las Minas de Baruta también se están ejecutando estos operativos.
Machado calificó esta situación como algo “desgarrador” y desestimó las pretensiones del régimen de autocalificarse como un gobierno de integración, cuando se han dedicado a violar los derechos de los colombianos y, por supuesto, de los venezolanos.
“Se trata de un régimen que no ha reparado en la tortura de estudiantes, en dispararle a manifestantes e incluso ordenar a los presos a firmar bajo amenaza contra el decreto del presidente Obama, y ahora eso se traslada a los colombianos que han venido a Venezuela a trabajar”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al gobierno de Colombia a reaccionar: “Si el gobierno colombiano no ha querido defender los derechos de los venezolanos, que al menos defienda los de los colombianos, los de su propio pueblo”, exhortó.
Machado tuvo como invitado de su programa al padre Raúl Herrera, director general del Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, quien lamentó las cifras recientes sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El representante eclesiástico dijo que todos estos agravios tendrán un efecto bumerang, considerando que se aproximan las elecciones parlamentarias y ese será un momento para expresarse.
Se estima que más de mil colombianos han sido deportados desde Venezuela en lo que va de 2015. Las autoridades neogranadinas se han quejado por los operativos que arrancaron con mayor fuerza en 2014 y en medio de los cuales han surgido denuncias por maltratos e incumplimiento de los lapsos previstos en la Ley de Extranjería y Migración (2004). Los artículos 35, 44 y 47 de este documento legal reconocen la propiedad de los bienes de los deportados y les garantiza el acceso al debido proceso antes de ser expulsados del país.
