Luisa Ortega Diaz entregó a Parlamento ley de amnistía de políticos presos
EFE
La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz presentó al Parlamento un proyecto de amnistía para la liberación de aquellos que la oposición considera «presos políticos» y exonerar de responsabilidades a quienes hayan ejecutado acciones para el «restablecimiento del orden democrático».
La exfiscal, que habló vía Skype desde su exilio en Colombia, en una sesión de la Comisión de Política Interior del Parlamento (de mayoría opositora), señaló que este proyecto de ley fue elaborado de forma rigurosa «para crear un marco jurídico que permita la materialización del quiebre definitivo de la tiranía» en Venezuela.
«Este proyecto es para exonerar de responsabilidad, para adoptar tratamientos especiales para civiles, militares y policías del Estado que hayan ejecutado acciones destinadas al restablecimiento del orden democrático», dijo Ortega Díaz.
Señaló que este proyecto de ley, que espera sea discutido por todos los venezolanos, brindará «garantías» a todos los ciudadanos de que las «instituciones legitimas» los protegerán y defenderán en las acciones «que hayan ejecutado, la que estén ejecutando y la que ejecuten en el futuro» en pro de la democracia y la paz.
«Esta ley ampara o recula también las conductas ejercidas por trabajadores, sindicatos, gremios, funcionarios públicos (…) en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio legitimo del derecho a la protesta social que hayan procurado el reclamo de un derecho establecido en la Constitución», apuntó.
Agregó que esta ley «alcanza a personas que han luchado para que Venezuela recobre la libertad».
En este punto mencionó como posibles beneficiarios al dirigente opositor Leopoldo López, al excapitan de la policía militarizada Juan Caguaripano, que participó en el intento de toma de una base militar, y al exministro chavista Miguel Rodríguez Torres, todos ellos privados de libertad.
La iniciativa consta de 19 artículos y se hizo para brindar a los que luchan por la democracia en Venezuela la seguridad de que «las instituciones legítimas» los protegerán, «blindarán sus actuaciones» y no serán objeto de persecución penal «al momento que se imponga nuevamente el Estado de derecho».
Reiteró que es un «deber» de todos los ciudadanos «ejecutar acciones para la restauración de la democracia» y «la construcción de la paz» porque en Venezuela «no puede haber paz con hambre, con miseria, con persecución».
Aseguró que los civiles venezolanos se están organizando «para enfrentar de manera solida y unificada coherente al Gobierno» pero señaló que esos ciudadanos necesitan «el apoyo de todos los sectores» para «enfrentar a estos delincuentes, porque son un grupo de delincuencia organizada el que está en frente del poder en Venezuela«.
Por su parte, la diputada opositora Delsa Solórzano aseguró en esta jornada a periodistas que en la actualidad hay 360 «presos políticos» en Venezuela, aunque la ONG Foro Penal asegura que son 280.
