Los tailandeses decidirán este domingo si aprueban la Constitución de los militares
EFE
Tailandia someterá mañana a referéndum una nueva Constitución tras una campaña marcada por la detención de opositores y el veto a todo debate previo, y que de aprobarse, consolidaría la hegemonía de los militares en la vida política del país.
Unos 50 millones de tailandeses están llamados a las urnas para decidir si aprueban o rechazan el borrador de Carta Magna redactado por un comité de 21 miembros seleccionado por la junta militar, en el poder desde el golpe de Estado de mayo de 2014.
El gobierno, encabezado por el general golpista, Prayut Chan-ocha, sitúa la aprobación de la nueva norma como paso previo al restablecimiento de la democracia a través de unas elecciones que deberían celebrarse en 2017.
Este es el plan trazado por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO), nombre oficial de la junta, después de una asonada que justificó como necesaria para poner fin a meses de protestas anitgubernamentales y acabar con la corrupción.
Uno de sus redactores, Norachit Sinhaseni, defiende la nueva Constitución como mecanismo de lucha contra la corrupción, al dar más poderes a los tribunales y organismos independientes, y como garantía de derechos y libertades de la ciudadanía.
Pero, según denuncian activistas y opositores, esto sería a costa de debilitar a gobiernos y cargos electos mediante una ley electoral que propicia la fragmentación del Parlamento y de una estricto código ético que prevé destituciones a partir de meras sospechas.
La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) denunció que el documento «legitima la influencia de las élites militares y cuerpos no electos sobre el sistema político de Tailandia».
Uno de sus puntos más controvertidos es la propuesta de Senado designado en su totalidad por la junta y cuyo asentimiento será necesario para la aprobación de leyes y el nombramiento de cargos en el Tribunal Constitucional o la Comisión Anticorrupción, entre otros.
En el referéndum, la papeleta de voto incluye también una segunda pregunta que busca permitir que la Cámara Alta participe en la votación para elegir el próximo primer ministro quien, además, no tiene que ser un cargo electo.
Esta composición del Senado hace virtualmente imposible enmendar la Constitución sin el consentimiento de los militares y la élite conservadora que apoyó el golpe.
Con la selección de los senadores «la junta quedará instalada legalmente para todo futuro predecible», advirtió David Streckfuss, de la Universidad de Khon Kaen, en el noreste de Tailandia.
«El NCPO no perderá el control del poder, seguirá con el dominio del juego a través del Senado», indicó Narongsak Niamsorn, de la organización de documentación legal iLaw.
La junta militar se ha propuesto que la Constitución alcance el apoyo de un 70 por ciento de los votantes, 12 puntos más que el que recibió la carta de 2007, igualmente redactada tras un golpe militar.
Para ello, los militares han desplegado más de 700.000 personas para explicar las bondades del documento por todo el país mientras encomendó a gobiernos provinciales y a la policía a impedir cualquier campaña en contra, según el diario Bangkok Post.
A la vez, han perseguido cualquier expresión de rechazo a través de una ley contra la divulgación de «información falsa» a la que la comisión electoral ha recurrido ante la más mínima crítica al borrador.
Más de un centenar de personas han sido detenidas y se enfrentan a cargos por hacer campaña en contra o intentar establecer centros de seguimiento para prevenir fraude en la votación, mientras que numerosos seminarios y paneles de discusión han sido prohibidos.
La intimidación y lo que Amnistía Internacional describió como «clima de miedo» durante la campaña no ha evitado las muestras públicas de oposición al borrador, incluidas las de los líderes de los dos principales partidos políticos.
Un voto favorable a la Constitución permitiría a la junta reclamar cierta legitimidad y abriría un proceso de transición -controlado por los militares- que culminaría con la celebración de elecciones.
Prayut, que ayer reiteró su compromiso de convocar los comicios el año que viene, no ha expresado que hará la junta en el caso de que el borrador sea rechazado en las urnas, pero ha dejado claro que en cualquier caso no piensa dejar el cargo.
La mayoría de observadores coincide en señalar que la aprobación de la Constitución no resolverá la profunda división política que el país arrastra desde hace 10 años y que ha provocado varios estallidos de violencia en protestas contra el gobierno de turno.
«No ha habido ningún esfuerzo en favor de la reconciliación. Ni siquiera lo han intentado», sentenció Streckfuss.
Desde el fin de la monarquía absolutista, en 1932, el país ha aprobado 19 constituciones, casi todas ellas derogadas tras la intervención de los militares. EFE
