Los pasaportes más caros y baratos de América Latina
Latinoamérica tiene una larga historia de disputas por el costo del pan, la vivienda o el transporte, pero en Chile acaba de surgir una polémica sobre algo que hasta ahora era menos controversial: el precio del pasaporte.
El debate estalló cuando el Registro Civil chileno anunció la semana pasada que el costo documento de 32 páginas pasará de costar US$70 hasta unos US$129.
La explicación del gobierno de Michelle Bachelet fue que el Estado dejará de subsidiar los pasaportes para «un número reducido de personas» y volcará esos recursos a áreas más prioritarias.
Pero la sorpresiva medida generó críticas de ciudadanos y de la oposición política, que sostuvo que era «una forma agónica de aumentar los impuestos y seguir perjudicando a la clase media».
Los medios de información locales notaron que el pasaporte chileno —que se emite más de 300.000 veces por año, una cifra creciente— pasará a ser uno de los más caros de la región.
En América Latina, en general la cantidad de viajeros internacionales aumentó en los últimos años gracias a la reciente expansión económica, el ascenso de la clase media y la mejora de la renta.
Y diferentes gobiernos de la región han ajustado el costo de sacar un pasaporte, que hoy varía significativamente de un país a otro, como muestran datos recabados por BBC Mundo.
En los extremos están México y Perú. En el primero obtener el documento con una validez de 10 años cuesta el equivalente a US$137, en Perú el precio de uno por cinco años es de unos US$12.
Venezuela es un caso especial: si se toma la mayor tasa oficial de cambio a dólares, el pasaporte del país es el más barato de la región a US$9; pero si se usa la menor tasa oficial, es el más caro a US$285.
De acuerdo a estos datos, el costo medio de obtener un pasaporte en América Latina es de aproximadamente US$56.
Pero el tiempo de validez del documento también es clave, ya que en algunos países sacar y luego renovar uno que expira a los cinco años puede llegar a costar más del doble que en un país vecino que lo emite por 10 años.
EE.UU. y Europa
De cualquier forma, un pasaporte latinoamericano cuesta en promedio menos que uno en Estados Unidos, que cobra en total US$135 por otorgar el suyo a un ciudadano adulto por 10 años.
Pero en América Latina obtener el pasaporte puede llegar a ser bastante más caro que en España, donde el documento tiene un coste equivalente a unos US$27.
De hecho, el pasaporte español figuró entre los más baratos en un análisis realizado en 50 países por el buscador y comparador de transportes de Europa GoEuro.
El estudio divulgado en abril concluyó que acceder al pasaporte español requiere a lo sumo cinco horas de trabajo en ese país, mientras que en México son necesarias 266 horas de trabajo para poder costear uno, en Colombia 46 y en Brasil 44.
En estricto valor monetario, el pasaporte de Turquía figuró como el más caro del estudio, a unos US$238, mientras que el de Emiratos Arabes Unidos quedó como el más barato a unos US$13.
Algunos países países latinoamericanos han atribuido los aumentos recientes en el costo de sus pasaportes a la incorporación de elementos de seguridad y tecnología en los documentos, similares a los de países desarrollados.
Por ejemplo, el pasaporte brasileño adoptó un patrón de la Organización Internacional de la Aviación Civil y su costo subió 65%, aunque el nuevo tiene validez de 10 años —el doble que en los antiguos.
En Perú, la autoridad de Migraciones anunció que un nuevo pasaporte biométrico será obligatorio para viajar a países de la Unión Europea (UE) sin una visa Schengen: se emitirá desde en diciembre y costará unos US$30, casi el triple que el actual, que seguirá vigente.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también informó este mes que los ciudadanos de su país deberán cambiar su pasaporte convencional por uno biométrico para poder viajar a la UE sin visa en función de un acuerdo reciente.
Algunos notaron que este cambio ocurre apenas cinco años después que el propio gobierno colombiano pidiera renovar los pasaportes antiguos por los actuales de código de barras, que tendrán vigencia hasta su fecha de expiración.
La polémica de Chile abrió reflexiones sobre hasta qué punto el Estado debe subsidiar la fabricación de documentos de identidad, una tarea que el país licitó a una empresa francesa.
«Al Estado le corresponde dar un servicio eficiente y al menor costo posible a los ciudadanos, en una época en que los viajes al exterior son parte normal de la vida económica y social», sostuvo un editorial del diario chileno La Tercera el sábado.
