Ley trans genera posiciones encontradas en los partidos de oposición uruguaya

EFE

La aprobación en Uruguay de la Ley Integral para Personas Trans, con el fin de evitar la discriminación, ha causado polémica y generado críticas por parte de los partidos de oposición, expuestas por diputados durante más de 10 horas en las que el proyecto estuvo en debate en la Cámara Baja.

Si bien todos coinciden en que este colectivo ha sido «agredido» durante los últimos años y en que tomar medidas legislativas en pro de la defensa de los derechos de las personas trans se hacía necesario, también existen puntos en los que los diputados opositores no aprueban la puesta en marcha de la ley.

En ese sentido, el representante del Partido Colorado Walter Vierri dijo a Efe que su bancada asumió una posición negativa respecto a la ley debido a que, a su juicio, Uruguay posee «una basta trayectoria y tradición» en materia de defensa de los Derechos Humanos, que ya están contemplados en la Constitución.

«Nosotros creemos que esto es más gobernar al grito de un colectivo y no gobernar en definitiva para realmente combatir la discriminación. La población trans de Uruguay históricamente ha sufrido una fuerte segregación, discriminación y persecución de diferentes modalidades, eso lo podemos reconocer», expresó.

En su opinión, la ley se «debió abordar» en la búsqueda de respuestas a temas como el acceso a servicios como la salud o vivienda.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente Daniel Radío explicó a Efe que desde su agrupación comparten «la orientación filosófica general» del proyecto, ya que desde su visión, la misma «reafirma Derechos Humanos», y por eso votaron en favor.

Sin embargo, uno de los artículos que esta bancada política no apoyó es el que indica que los menores de edad podrán acceder a cambios de nombres y tratamientos hormonales sin el consentimiento de sus padres o representantes legales, aunque si deberán tener autorización para someterse a cirugías.

«Nosotros no estamos de acuerdo en eso, me parece que ese es un debate que hay que dar más en profundidad en todo caso», indicó.

De igual forma, los colorados no avalaron los artículos en los que se destacan las reparaciones económicas vinculadas con las persecuciones a este colectivo durante la dictadura cívico-militar de ese país (1973-1985).

«En el período de mayor represión y persecución en Uruguay, que fue durante la dictadura, que no reconoció diferencias, ni orientaciones de genero, ni identificación política, ni edad, la dictadura reprimía y perseguía, entonces esto constituiría una verdadera inequidad», aseveró Radío.

En tanto, el diputado del partido Nacional Rodrigo Goñi explicó a Efe que «no debe haber ningún» legislador que no esté dispuesto a atender el sufrimiento que tienen las personas transexuales, aunque la forma que se plantea la ley y sus soluciones «traen cangrejos bajo la tierra».

«Es básicamente la ideología de género, que va mucho mas allá que favorecer a un grupo de personas transexuales, lo que busca es esa decontrucción permanente de las instituciones que dan lo mejor a la sociedad, por ejemplo la familia», acotó.

Para Goñi esta ley es «una bandera», por lo que lo que se logró con su aprobación fue «poner a 900 uruguayos transexuales al odio y la burla de buena parte de los otros uruguayos».

«Acá se pone foco en la diferencia de una forma provocativa que les hace muchísimo más daño que los beneficios que se les puede dar. Muchas de estas soluciones no son realmente demandadas por la mayoría sino, reitero, por provocar con medidas desproporcionadas con el resultado de exponerlos a la burla», aseguró.

La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy la Ley Integral para Personas Trans, normativa que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población como el acceso al trabajo, vivienda e intervenciones quirúrgicas.

Con 62 votos de 88, no solo de los representantes de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), -que ostenta la mayoría parlamentaria- sino también de miembros de la oposición, el Congreso del país austral dio luz verde a la ley que llevaba año y medio en la órbita parlamentaria y que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.