Ley para refugiados ucranianos cuestiona la dura política de asilo danesa
EFE
La aprobación de una generosa ley para quienes huyen de la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la dura política de asilo de Dinamarca, con acusaciones de algunos partidos y organizaciones no gubernamentales por el doble rasero.
Dinamarca se ha caracterizado en las dos últimas décadas por una dura línea en inmigración apoyada por los sucesivos gobiernos de derecha e izquierda que han gobernado este país, en una carrera a la que hace tiempo se ha sumado el Partido Socialdemócrata, tradicionalmente el más votado y que gobierna en la actualidad en minoría.
La crisis de refugiados en Siria dio paso a polémicas medidas como una ley para confiscar bienes a peticionarios, un proyecto de recluir en una isla a criminales pendientes de expulsión o un cambio de paradigma que implica que el objetivo no es integrar a los refugiados, sino centrarse en un regreso futuro a sus países.
El hecho de que Dinamarca no forme parte de la política común de la Unión Europea (UE) en inmigración, por las excepciones que mantiene desde 1993, y el estricto sistema vigente obligó a impulsar a toda prisa una ley específica para poder ofrecer a los ucranianos condiciones similares a las del resto de países europeos.
Así, mientras Dinamarca tiene como objetivo declarado recibir al menor número posible de refugiados y crear centros de acogida en el extranjero para peticionarios, su Parlamento acaba de aprobar de urgencia, con apoyo mayoritario, una ley especial para conceder a los ucranianos asilo, trabajo, reagrupación familiar y educación.
El país estima ahora que acogerá a unos 100.000 refugiados procedentes de Ucrania, según informó este viernes el ministro de Inmigración e Integración, Mattias Tesfaye, en base a los datos existentes.
En sólo un mes han abandonado Ucrania unos 3,67 millones de personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Polonia ha recibido 2,17 millones, mientras que el resto ha salido del país a través de Rumanía, Moldavia, Hungría, Rusia, Eslovaquia y en menor medida Bielorrusia.
UN SISTEMA DE ASILO EN ENTREDICHO
«En los últimos veinte años hemos construido una de las políticas de asilo e inmigración más represivas de Europa, que descansa en la idea de vejar a los refugiados para desanimar a los que están fuera», explica a Efe Tim Whyte, secretario general de Asociación Danesa para la Organización Internacional.
La directora de la rama juvenil de Ayuda al Refugiado, Natasha Al-Hariri, considera que «ha quedado muy claro que nuestro sistema de asilo está roto en pedazos».
La generosidad con los refugiados ucranianos contrasta con otros ejemplos recientes: Dinamarca ha sido pionero en Europa desde hace un año en retirar el estatus de refugiado a parte de los sirios llegados al país, al considerar que la región de Damasco es una zona segura, y ha devuelto ya a un pequeño grupo.
Al-Hariri denuncia la «diferencia de trato evidente»: la generosidad con los ucranianos, a quienes se llama «desterrados», contrasta con un sistema que tiene como objetivo reconocido «hacer la vida imposible» a los refugiados en general.
El Gobierno socialdemócrata danés en minoría y varios partidos rechazan las críticas y resaltan que se trata de un caso especial.
ÁREA DE PROXIMIDAD
«Lo diferente en este conflicto en relación con otros es que es nuestra área de proximidad y por eso tenemos una responsabilidad especial», ha dicho la primera ministra, Mette Frederiksen.
Para Al-Hariri se trata de un concepto «inventado» por los políticos: «También podrían haber dicho que es Alemania o solo países fronterizos. Es un concepto elástico que vale para todo, pero que no está definido en ningún sitio ni en ninguna legislación».
Aunque el Gobierno y las principales fuerzas políticas lo nieguen, el ala más a la derecha del Parlamento no oculta que el trato diferenciado obedece a factores culturales y religiosos.
«El problema de esta ley es que acaba en una sociedad dividida y que a quién se le da asilo y en qué condiciones depende de cosas como su religión», denuncia Whyte.
La polémica sobre la bautizada como «ley para ucranianos» se extiende también a su financiación: de los 2.200 millones de coronas danesas (296 millones de euros) que costará este año, el 90 % se sacará de la ayuda a la cooperación, pese a las protestas de los aliados del Ejecutivo, que intentaron forzar sin éxito una enmienda.
«Precisamente porque estamos ante la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial no debemos financiar este acuerdo con recortes en la ayuda a la cooperación. No tiene ningún sentido», ha denunciado Rosa Lund, portavoz en inmigración de la rojiverde Lista Unitaria, quinta fuerza parlamentaria.
Las principales oenegés danesas y varios parlamentarios de izquierda participaron esta semana en una protesta ante el Parlamento para reclamar una política de asilo más igualitaria.
Y aunque las principales reformas en inmigración y asilo de los últimos años han contado con el respaldo de tres cuartas partes de la Cámara, los críticos con la política danesa son optimistas.
«Creo que podemos estar asistiendo a un nuevo cambio de paradigma. La solidaridad mostrada con los ucranianos puede hacer que nos replanteemos si queremos una sociedad que margine a los solicitantes de asilo», resume Whyte. EFE
