Ley de herencias abre inusitado frente antiCorrea en Ecuador

Impulsor del llamado socialismo del siglo XXI, Correa encendió la mecha del malestar con su proyecto de ley para «redistribuir la riqueza», que prevé gravar los patrimonios heredados superiores a 35.400 dólares de forma progresiva, es decir, que a mayor legado mayor impuesto.

Los herederos pagan actualmente tributos a partir de los 68.800 dólares. 

Desde el lunes se han realizado a diario concentraciones de apoyo o en rechazo al mandatario, de visita oficial en Bruselas, en ciudades importantes como Quito, Guayaquil y Cuenca. Salvo por algunos altercados entre manifestantes, no se han registrado incidentes mayores ni detenidos.

La iniciativa, que deberá ser aprobada en julio por el Congreso de mayoría oficialista, es considerada por sus críticos como un castigo al éxito económico y al patrimonio familiar en una sociedad tradicionalmente conservadora, y ha lanzado a miles de personas a protestar en las calles, hasta ahora feudo del oficialismo.

Nuevo frente inesperado 

Gremios empresariales, políticos, personas acaudaladas y de clase media encabezan el renovado frente antiCorrea. Los alcaldes opositores de Quito y Guayaquil también piden el retiro del proyecto, mientras el gobierno acusa a un sector de la prensa de sobredimensionar el respaldo a las protestas.

«El impuesto a las herencias es un robo», dijo a la AFP una mujer de 60 años que evitó ser identificada por temor a represalias mientras gritaba «fuera Correa, fuera».

El presidente «no vio venir esto. Ha tomado varias medidas juntas y no se dio cuenta de que con esto dio opción a que varios sectores protesten de la manera que lo están haciendo, en las calles», dijo a la AFP Simón Pachano, politólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Correa, quien hasta abril tenía una popularidad de 55% según la encuestadora privada Cedatos, aguarda la aprobación del Congreso de una reforma constitucional para decidir si se presenta a un nuevo mandato en las elecciones de 2017.

 Sin marcha atrás 

Además de la ley de herencias, el gobernante planteó un impuesto a la plusvalía (ganancia extraordinaria) que obtienen los dueños de predios privados por las inversiones públicas, y antes aumentó los gravámenes sobre un tercio de las importaciones para evitar la salida de divisas, que sustentan la dolarizada economía ecuatoriana.

Asimismo, liberó recursos mediante una reforma que sustituyó el aporte obligatorio del Estado de 40% para las jubilaciones por una garantía de pago – lo que algunos temen pueda desfinanciar el fondo de pensiones que cubre a 460.000 ecuatorianos -, en medio de la caída de los ingresos por los bajos precios del petróleo.

Pero el detonante de las protestas fue uno solo: las proyectadas cargas sobre las herencias.

Correa, quien reivindica haber sacado de la pobreza a 1,3 millones de personas desde su llegada al poder en 2007, defiende la iniciativa como parte de su lucha para «redistribuir la riqueza» y «democratizar la propiedad», y niega que los nuevos impuestos vayan a afectar a los más pobres o a la clase media.

Tres de cada mil ecuatorianos reciben una herencia cada año y tres de cada 100.000 reciben un patrimonio mayor a 50.000 dólares. Entre 2010 y 2014 solo cinco ecuatorianos, de los 16 millones de habitantes, heredaron más de un millón de dólares, según Correa.

El mandatario reconoció que jamás esperó la reacción de la clase empresarial, y ha insistido en que el impuesto a la herencia afectará a 2% de la población.

Doris Soliz, secretaria ejecutiva del partido de gobierno Alianza País, dijo a la AFP que Correa «no retirará» la iniciativa y consideró que detrás de las protestas está «cierta prensa, ciertos empresarios y ciertos políticos del pasado» que se valen de «cualquier pretexto para intentar desestabilizar».

Para Pachano, si «bien es la primera vez» que Correa encara un descontento de estas características, la estabilidad del gobierno no está en riesgo, aunque su popularidad se verá «seguramente afectada».

Correa, de 52 años, es el presidente que más ha durado en el cargo en Ecuador, tras una década de crisis política (1997-2007) en que tres mandatarios fueron destituidos por la presión de protestas.