Leopoldo López: Una condena política por enfrentar al Gobierno
Mildred Manrique.– Después de entregarse a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el 18 de febrero de 2014, Leopoldo López pasó 18 meses esperando un «juicio justo». Luego para llegar a la sentencia, que hasta el sol de hoy no es definitivamente firme, tuvo que aguantar 13 meses de suspensión de audiencias y presentación ante los tribunales de Venezuela.
López fue uno de los que convocó la manifestación del 12 de febrero del pasado año en Caracas, que terminó ese día con tres muertos, decenas de heridos, y daños a infraestructuras oficiales. Ese día un grupo de manifestantes presuntamente dirigidos por el líder de Voluntad Popular marcharon desde Plaza Venezuela, hasta la Fiscalía General de la República, con la intensión de entregar un documento.
Pasadas las horas, después que López llamó a todos a retirarse en paz a sus hogares, el descontrol se apoderó de la protesta y los manifestantes en su mayoría, presuntos estudiantes, incendiaron unidades móviles del Cicpc y causaron daños a la fachada del MP.
En estas protestas perdieron la vida Bassil Da Costa y Juan Montoya, quienes quedaron inmersos en el caos. Por estas muertes están procesados ocho funcionarios del Sebin. Tras lo sucedido, el Ministerio Público (MP), y otros personeros del gobierno, incluyendo al presidente, Nicolás Maduro, señalaron a López, como responsable de los hechos violentos.
En virtud de tales acusaciones el dirigente opositor de la tolda naranja, convocó otra marcha, seis días después, con la intensión de entregarse, frente a la orden de aprehensión que se solicitaba en su contra. En fecha de 4 de abril, el Ministerio Público (MP), solicitó el juicio del hombre, acusándolo de hacer llamados a las protestas.
Relato familiar
Su familia, Antonieta Mendoza (madre), Leopoldo López Gil (padre), Lilian Tintori (esposa) y Diana López (hermana) aseguraron que López nada tuvo que ver en los actos violentos, y por ende, nunca estuvieron de acuerdo con su entrega. Recuerdan además, que el líder de Voluntad Popular les pidió apoyarlo en su decisión.
Un día en casa de sus padres, -meses antes de ser sentenciado-, ellos comentaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello los visitó en tres oportunidades, «para que Leopoldo se entregará. Nos decía que había un supuesto plan desde la oposición para asesinarlo. Pero también nos dio la opción de sacarlo del país, cosa que Leopoldo jamás aceptó», dijo su madre desde la sala principal de su vivienda ubicada en la urbanización Sebucan en Caracas.
Relató que Cabello en cada aparición iba acompañado de funcionarios del Sebin que llegaban tocando la puerta y rodeando toda la casa. «Siempre aparentó ser muy cortés en cada visita, pero en la casa no estaba mi hijo (Leopoldo), se encontraba en la clandestinidad, para definir el paso a emprender. Ninguno sabíamos su ubicación exacta. Solo nos pedía que no nos preocupáramos. A los niños los tuvimos que sacar de la casa», cuenta Antonieta Mendoza de López.
Pasaron los días, López se entregó el 18 de febrero (2014) en medio de una marcha multitudinaria que quedará para la historia como una de las mas grandes que le dio paso a la intensificación de las protestas con el nombre de «La Salida». Cuatro meses de disturbios en al menos 5 estados del país, incluyendo la capital venezolana. El saldo fue de 43 fallecidos, miles de heridos y detenidos. Para el gobierno de Nicolas Maduro «el responsable» de todo lo ocurrido era Leopoldo López. Aquí comenzó el calvario judicial de quién se terminó convirtiendo en el mártir líder de la oposición, según la opinión de sus seguidores.
Los actos de apoyo en las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde, lugar de reclusión, no faltaron. Expresidentes de otros países, parlamentarios del mundo y diferentes figuras de peso internacional intentaron constatar la situación de reclusión de Leopoldo López por los canales diplomáticos y legales, pero nunca se les permitió. Solo lo podía visitarlo su familia y abogados, aunque no siempre.
López habría recibido varias golpizas, al igual que el exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos (tiene medida cautelar de casa por cárcel), según denuncias de los abogados. Las celdas se las voltearon en varias oportunidades. Los aislaron, aunque nunca estuvieron en la misma celda. Un par de veces salieron a la luz pública en el canal del Estado (VTV) fotos de ellos jugando baloncesto en una cancha del penal. Pero también salían fotos de Tintori junto a sus dos hijos menores edad a las puertas de esta prisión cuando les negaban el acceso para verlo.
Huelga por la fecha
El 23 de julio de 2015 comenzó a acelerarse el proceso de las audiencias de juicio. En ese ínterin, López y Ceballos enfrentaron una huelga de hambre para exigir la fecha de las elecciones parlamentarias. Unas 100 personas en todo el país se sumaron al ayuno.
El exalcalde de San Cristóbal levantó la protesta antes por delicado estado de salud. Su compañero de partido llegó hasta el final con 23 kilos menos cuando el Consejo Nacional Electoral fijó para el 6 de diciembre los comicios legislativos nacionales.
Entre tanto, Tintori nunca dejó de asistir a las audiencias que se extendían hasta la madrugada, pero en un par de ocasiones faltó ya que, decidió emprender una gira internacional para dar a conocer el caso de su esposo «injustamente encarcelado por pensar distinto». La esposa del dirigente opositor denunció en varias ocasiones que no la dejaban visitarlo en Ramo Verde junto a sus hijos.
En algunas audiencias de juicio se filtraron fotografías de López, donde se mostraba todo barbudo. Así como también en una oportunidad antes de ingresar a la sala donde estaba instalado el tribunal de control, al dirigente se le abrió una de las esposas. Esperanzado exclamó ¡esto es señal de que pronto estaré libre, porque soy inocente!, dijo, mientras quienes se encontraban en el pasillo no salían de su asombro. Los guardias que lo custodiaban lo volvieron a esposar.
Junto a López fueron juzgados cinco jóvenes más: Christian Holdack, Ángel Gonzalez, Demián Martín y Marco Coello, este último huyó del país, con destino a Estados Unidos un día antes de conocerse la setencia. Todos menos el líder opositor habían recibido medida cautelar de libertad condicional luego de más de un año de prisión.
Leopoldo López fue acusado por los delitos de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir». La decisión quedó en manos de la jueza del Tribunal 28° de Control para el Área Metropolitana de Caracas, Susana Barreiros, quien dictó sentencia contra el prisionero político más notorio del gobierno de Nicolás Maduro: El 10 de septiembre de 2015, Leopoldo López fue secondenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. El resto de los acusados pagarán condena desde 5 hasta 10 años en libertad condicional con prohibición de salida del país.
Fotos de la jueza Barreiros junto al presidente de la AN salieron a relucir cuando se conoció que sería ella la que llevaría el caso. Recientemente, la AN con mayoría oficialista la designó como nueva magistrada de la República. La oposición se retiró de la sesión. «No apoyaremos a la verduga del régimen», gritaron varios diputados de la bancada de la Unidad.
Fiscal huye a EE.UU
El 24 de octubre de 20015 se conoció que Franklin Nieves, uno de los fiscales que llevó el juicio por el que fue condenado el líder opositor venezolano Leopoldo López, había huido a Estados Unidos y envió una grabación, donde denunciaba que fue presionado por el gobierno para acusarlo con «pruebas falsas».
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de la defensa de López, se pronunció de inmediato a través de la red social de Twitter: «El juicio contra Leopoldo López se encuentra viciado de nulidad absoluta. La condena debe ser revocada e inmediatamente liberado. Franklin Nieves, fiscal del caso, evidencia una vez más la ilegalidad de su condena, es el resultado de un fraude procesal».
Según el fiscal, esa instrucción para que «continuara defendiendo las pruebas falsas» contra López «se tenía que hacer contestando la apelación y argumentando para defender la condena que había proferido la juez que llevaba el caso».
En la grabación, Franklin Nieve instó a los jueces y fiscales a «decir la verdad», pese a las presiones que, dijo, reciben de sus superiores que amenzan con «destituirnos, mandarnos a la cárcel y esa serie de argumentos absurdos que siempre nos ponen para amenazarnos para que podamos realizar el capricho de todas esas personas», expresó.
Los vicios del juicio
Según los abogados defensores de Leopoldo López y diversos especialistas en derechos humanos, el juicio a Leopoldo López estuvo totalmente viciado. Las acciones de López no están tipificadas como delitos, pues se basan en las interpretaciones de sus discursos y proclamas. No hay, más allá de sus palabras, soporte para las acusaciones de la Fiscalía. Según DelsaSolórzano, representante de la defensa de DDHH de la Mesa de la Unidad, en “ningún país democrático del mundo te juzgan por un discurso.
La audiencia de presentación se hizo en un autobús enfrente de la prisión de Ramo Verde ante un tribunal no competente. Esto vicia todo el proceso, según abogados consultados, por haberse hecho fuera de la jurisdicción y ante el tribunal que no correspondía.A la defensa se le impidió incorporar pruebas en todas las etapas e instancias del proceso. López nunca pudo presentar ni evacuar pruebas de su inocencia por la negativa de la juez de primera instancia de la Sala de Casación Penal del TSJ.
Lo mismo sucedió con testigos y testimonios promovidos por la defensa, que fueron declarados inadmisibles por ser “innecesarios”. López fue recluido en una cárcel militar, siendo un civil. Los abogados defensores de López denunciaron que parte del material probatorio de la fiscalía desapareció y fue incorporado fraudulentamente a lo largo del juicio.
La jueza Barreiro cerró intempestivamente el período probatorio del juicio, prescindiendo de testigos y pruebas de ambas partes, y decidió adelantar la presentación de alegatos finales. Cerca de la conclusión del juicio, se le negó a la defensa acceso al expediente del caso y a López que pudiera presentar vídeos durante su disertación final.
Los discursos citados por la fiscalía – que soportan las acusaciones- fueron interpretados por testigos del Ministerio Público. Las profesoras de Lingüística Alexandra Álvarez y Rosa Amelia Azuaje realizaron experticias lingüísticas y concluyeron que López apelaba a la “vía violenta”, aun cuando no lo dijo directamente.