Legisladores catalanes juzgados se registran en el Parlamento y vuelven a prisión
EFE
Los cinco dirigentes independentistas catalanes juzgados por el intento separatista de 2017 y que fueron elegidos al Parlamento en las elecciones de abril pasado se acreditaron hoy en el Congreso y el Senado y fueron devueltos después a prisión.
Los cinco forman parte del grupo de doce líderes secesionistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo español desde febrero pasado, aunque están en prisión preventiva desde hace más de un año y medio.
Los nuevos legisladores acudieron a las sedes parlamentarias en furgones policiales, los mismos que los llevaron de retorno a la cárcel de Soto del Real (periferia de Madrid) tras el trámite.
Cuatro de los procesados, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, se acreditaron como diputados del Congreso, el primero por el partido ERC (republicano de izquierda) y los tres restantes por el conservador JxCat.
El quinto fue Raúl Romeva (ERC), quien se acreditó como senador un proceso que requirió apenas siete minutos, por lo que pasó apenas media hora en la sede del Senado, mientras sus compañeros pasaron una hora en el Congreso.
Todos ellos estuvieron custodiados por policías de paisano, en un operativo policial que también fue visible en los exteriores de las dos cámaras.
Los cinco habían recibido la autorización pertinente del Tribunal Supremo para salir del centro penitenciario y entregar en el Congreso y el Senado documentos que acreditan que fueron elegidos en las urnas en los pasados comicios legislativos del 28 de abril.
La autorización del Supremo también se extiende a que acudan mañana martes al primer pleno de constitución de las nuevas cámaras, aunque tienen prohibido realizar declaraciones a la prensa.
Aunque este martes los cinco parlamentarios formalicen esa condición en la apertura de la legislatura, existe la posibilidad de que Congreso y Senado les suspendan mientras se desarrolla el juicio en el Tribunal Supremo.
El Supremo juzga a los doce acusados por el proceso de independencia unilateral emprendido por las autoridades regionales catalanas en septiembre y octubre de 2017.
La Fiscalía pide para los doce acusados penas de entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión por el delito de sedición.
