Legales pero sin documentos, el limbo de miles de migrantes en Chile
EFE
Karolla no puede retirar su sueldo del banco ni Fanes llevar a su hija al consultorio. Ambos son residentes legales en Chile, pero sus documentos están vencidos desde hace meses, lo que les deja en un limbo jurídico en medio de la pandemia y de la grave crisis económica.
A pesar de contar con hijos chilenos y con varios años de residencia en el país, Karolla (Colombia) y Fanes (Haití) tienen delante un muro difícil de flanquear: la complicada estructura burocrática chilena y los largos plazos de la regularización migratoria.
Sus casos son solo unos de los tantos que se agolpan, como compitiendo entre sí para aparecer más arriba, en los grupos de Facebook, donde miles de extranjeros buscan ayuda para resolver sus dudas ante la ausencia de respuestas oficiales.
Una situación que se ha complicado aún más con la pandemia y el cierre durante más de seis meses de las oficinas de la Policía de Investigaciones, el Registro Civil y Extranjería, encargadas de otorgar las visas de residencia y el Rol Único Tributario (RUT), el número de la cédula de identidad.
El RUT funciona como llave para acceder a la mayoría de servicios públicos y privados en Chile y coloquialmente se dice que eres «invisible» sin él.
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Los trámites de residencia en Chile, explicó a Efe el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujols, se han ido alargando en el tiempo durante los últimos diez años, en los que el país ha vivido un crecimiento exponencial de su población extranjera, que alcanza ya casi el millón y medio de personas.
«Hasta 2016 la cédula de identidad se entregaba en tres meses, después de 2018 están tardando entre uno o dos años, y lo que tememos ahora es que con la emergencia sanitaria este proceso pueda demorarse hasta tres años», indicó Pujols.
Durante ese tiempo, continuó, las personas pueden vivir legalmente en el país pero sin cédula de identidad vigente, lo que les impide «acceder a un alquiler, conseguir un trabajo, tener una línea de teléfono o acceder a prestaciones sociales».
En total, se calcula que unos 500.000 extranjeros se encuentran en esta situación de «semi-irregularidad». Uno de ellos es «Marcus», un joven haitiano que prefiere mantener el anonimato, quien formalizó una primera visa al llegar a Chile, pero desde entonces se encuentra en el limbo.
«Me dijeron que todo estaba correcto y 18 meses después recibo una notificación de que mi visa fue rechazada sin más explicación, lo que supone que debo pagar una multa que crece cada mes por estar ilegal en el país mientras tramito una nueva. Es un abuso», dijo.
También está el caso de Raquel, quien viajó a España durante la pandemia, pero quedó varada en su pueblo natal Castelserás (Aragón), al ser notificada de que su visa había sido rechazada, siete meses después de presentar la renovación.
La directora social del Jesuita Migrante, Michelle Viquez, explicó a Efe que el país tiene un «sistema fuertemente burocrático, que dura muchísimo y con unos plazos de respuestas para las personas migrantes súper grandes», una realidad que no mejoró pese al intento del Gobierno de «implementar el uso de plataformas digitales».
El Gobierno publicó durante la pandemia un decreto presidencial para extender la vigencia de las cédulas vencidas, pero es «difícil su aplicación porque desde los funcionarios hasta los mismos sistemas de las empresas no aceptan la base de un carnet vencido»,
«Ejemplos concretos son el retiro del 10 % de los fondos de pensiones, el cobro del seguro de cesantía o simplemente el poder retirar dinero en el banco», detalló Viquez.
Mientras que desde el Registro Civil indicaron a Efe que el decreto obliga a todas las instituciones, públicas y privadas, a permitir a los extranjeros acceder a sus servicios con su cédula vencida, pero admiten que no existen fiscalizadores que velen por su cumplimiento.
Una reflexión con la que concuerda Viquez, quien denuncia además que esta problemática está «invisibilizada» porque solo afecta a los migrantes, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
