Las relaciones entre Colombia y Venezuela, sin omisiones

La erosión del orden democrático y la autocratización de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es la causa del conflicto político en Venezuela. Un conflicto crónico, inextricable, multidimensional que ha implicado la activación de numerosos mecanismos alternativos de diálogo y negociación y que, ante la imposibilidad de su resolución o transformación, ha generado trágicas consecuencias, tanto en el país como en la región.

Esta deriva autoritaria, denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016, tuvo consecuencias en el deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela hasta llegar al punto de su ruptura en 2019 y al cierre previo de los pasos fronterizos formales en 2015. La situación de gobierno dual en Venezuela a partir de 2019, la migración de 2 millones de venezolanos a Colombia y el apoyo de este país para la investigación desarrollada por la Corte Penal Internacional, llevaron a una agudización del conflicto y al bloqueo de los pasos formales entre ambos países.

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, en agosto de 2022, Colombia da un giro de 180 grados en la política exterior hacia Venezuela e inicia un proceso de normalización de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares. Sin embargo, ha dejado por fuera de manera deliberada temas cruciales en materia política, humanitaria, de derechos humanos y migratoria que han encendido las alarmas de académicos y activistas.

Consideramos que existen tres puntos indispensables para que el restablecimiento de las relaciones entre ambos países sea viable y sostenible, en el marco de una perspectiva democrática y de DDHH: Reconocer la existencia del conflicto político en Venezuela, producto del socavamiento democrático, de lo contrario, el restablecimiento de relaciones normaliza la existencia del autoritarismo.

Reconocer las consecuencias del conflicto: una emergencia humanitaria compleja caracterizada por la violación masiva de derechos humanos, incluso posibles crímenes de lesa humanidad, como señala las Naciones Unidas, la más grande migración forzada global y la regionalización de sus consecuencias, la fragilización del Estado, entre otros.

Y tercero, mantener la perspectiva democrática y de DDHH: el respeto a la soberanía y el principio de libre determinación son principios fundamentales del Derecho Internacional, pero su complemento indispensable son los Derechos Humanos y el respeto a la democracia, como establece la Carta Democrática Interamericana suscrita por los países miembros de la OEA. Los primeros sin los últimos, abren la puerta a la relativización y la normalización de atrocidades con la excusa de la no injerencia. En Venezuela, el respeto a la soberanía pasa por restituir las capacidades del soberano, que es el pueblo venezolano, para elegir y determinar su destino.

En estos dos meses de la administración de Gustavo Petro, alarma la forma en que se han restablecido las relaciones. La actitud del embajador Armando Benedetti, omitiendo deliberadamente la existencia del conflicto político y sus consecuencias, es despectiva con el sistema democrático, ofensiva con los venezolanos y negacionista con las víctimas y la tragedia que se ha vivido en los últimos años. La reapertura comercial de los pasos formales de frontera por Táchira y Norte de Santander dejó a un lado a los ciudadanos comunes, quienes a duras penas pueden movilizarse peatonalmente.

Por otra parte, si bien la mayor parte de los venezolanos quieren soluciones a los problemas, entre ellos, los relacionados con la economía y lo social, también es cierto que la mayoría sigue apostando a una solución pacífica y democrática al conflicto político en Venezuela.

Lea la nota completa en La Opinión