Las apuestas crecen en Venezuela a pesar de la crisis
La severa crisis política y económica que desde hace años atraviesa Venezuela, ha llevado a sus habitantes a ganar dinero con métodos cada vez más rebuscados. Una brutal hiperinflación, la más alta del mundo, deshizo el valor del Bolívar, por lo que cualquier forma de ganar o generar moneda dura es considerada de inmediato. Y las apuestas en casinos y juegos de azar no han sido la excepción.
La actividad de los casinos en Venezuela tuvo un importante auge hasta finales del año 2011, cuando la Comisión Nacional de Casinos cerró de forma definitiva cientos de casinos y salas de bingo. La normativa legal que regula la materia, que data de 1997, dejó actualmente en operación sólo a un puñado de casinos físicos en zonas de interés turístico.
Este vacío reimpulsó las carreras de caballos, una de las opciones favoritas para los venezolanos que no dejan de visitar los hipódromos especialmente los fines de semana. Se popularizaron también nuevos formatos de juegos de azar en sectores de la población más empobrecida, donde destaca la Lotería de los Animalitos: Un sorteo en el que los jugadores deben acertar uno o más animales de entre una lista de 38 posibles.
Sin embargo, a pesar de que Venezuela es uno de los tres países con el Internet más lento del mundo, según un ranking especializado que mide la velocidad de conexión en 130 países, un sector de la sociedad que dispone de divisas y buen acceso a Internet, recurre cada vez más a las apuestas en línea.
El juego online en Venezuela carece de regulación, lo que permite a los jugadores acceder sin inconvenientes a casinos de marcas internacionales siendo los casinos online de España los que mayor notoriedad tienen en este sector de la población.
Venezuela ha sufrido un importante recorte de sus ingresos petroleros, por lo que este crecimiento de las apuestas en línea deja la puerta abierta a una posible regulación del sector con miras a obtener un beneficio para las arcas estatales. De darse una eventual regulación, los operadores tendrían que conseguir una licencia de juego y pagar impuestos al Estado.
