Lanzan campaña en Nicaragua «Mi corazón adopta un preso político»
EFE
Activistas feministas de Nicaragua lanzaron una campaña a favor de la liberación de los detenidos que enfrentan diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que comenzaron en abril pasado.
La campaña denominada «Mi corazón adopta un preso político» fue lanzada a través de las redes sociales.
La activista feminista María José Díaz Reyes, una de las creadoras de esa campaña, explicó a Efe que el objetivo es buscar que «nuestras presas y presos políticos no queden olvidados, ni en el anonimato».
En ese sentido, indicó, la campaña insta a los nicaragüenses a adoptar un «preso político» que consiste, entre otras cosas, colocar a diario una foto del detenido en las redes sociales con algo de información hasta que sea liberado.
La idea, dijo, es visibilizar sus historias y que no sean vistos como simples estadísticas.
«Es una acción más de resistencia pacífica y de protestar ante este régimen dictatorial y un acto de memoria colectiva, porque cuando lo olvidemos vamos a resignarnos y verlo como una situación normal y no podemos ver normal que te secuestren, te violen o te maten», alegó Díaz Reyes.
Organismos humanitarios calculan en más de 400 los detenidos en el marco de las protestas contra el presidente Ortega.
Entre los calificados como «reos políticos» más conocidos están el campesino Medardo Mairena, los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea y Christopher Nairobi Olivas.
En una entrevista con Efe en Managua, el presidente Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
Nicaragua vive una crisis social y política desde abril que ha generado varias protestas contra Ortega y un saldo de entre 325 y 512 muertos y más de 300 «presos políticos», según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado los señalamientos, y ha sostenido que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.
