La UE empezará a negociar el certificado covid
EFE
El certificado comunitario de vacunación enfrenta esta semana la última fase previa a que las instituciones europeas se sumerjan en su negociación, que llega mientras la Unión Europea (UE) confirma sus apuestas en las vacunas con un importante espaldarazo a Pfizer y un alejamiento cada vez mayor de AstraZeneca.
Los datos más recientes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades apuntan a que al menos un 23,7 % de los adultos europeos ha recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus y un 8,7 % tiene ya la pauta completa, cifras que pueden invitar al optimismo después de un año de pandemia.
Las estadísticas apuntan, no obstante, a grandes diferencias entre Estados miembros: Hungría ha administrado la primera dosis a un 42,7 % de su población, mientras que Bulgaria se queda en un 9,3 % tras cuatro meses de campaña; son discrepancias que podrían marcar la puesta en marcha del certificado de vacunación que Bruselas quiere tener en funcionamiento en junio.
La propuesta para este documento entra ahora en su última semana antes de que comiencen las negociaciones para darle forma y poner límites a su uso de manera coordinada, que previsiblemente se desarrollarán durante el mes de mayo.
Antes, este miércoles, el Parlamento Europeo (PE) votará las enmiendas a la propuesta legislativa que hizo en marzo la Comisión Europea (CE) y adoptará una posición negociadora para emprender las conversaciones con el Consejo sobre este futuro documento que recopilará información sobre si una persona ha recibido la vacuna contra el covid, tiene una prueba PCR negativa reciente o tiene anticuerpos tras haberse contagiado.
El PE quiere dar el visto bueno al proyecto final en su pleno del mes de junio, de forma que una prueba piloto del documento se ponga en marcha a principios de ese mes y esté plenamente disponible para finales, para ayudar así a impulsar la campaña de turismo estival.
El Consejo (los países) ya ha cerrado su posición negociadora, en la que insistirán en reservarse el derecho a imponer las medidas que consideren necesarias –como una cuarentena- a los viajeros que entren en su territorio incluso aunque puedan presentar ese certificado, en base a su soberanía sobre sus propias fronteras.
