La SIP condena ley que restringiría internet en Venezuela
EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes un nuevo proyecto de ley en Venezuela que otorgaría más poder al gobierno de Nicolás Maduro aludiendo a la seguridad nacional e impondría mayores restricciones a internet.
«Venimos periódicamente denunciando al régimen venezolano como uno de los principales censores de internet», expresó en un comunicado María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.
La SIP, con sede en Miami, señaló que el Gobierno chavista apela a la «doctrina de soberanía nacional (…) para coartar las libertades de expresión y de prensa» con nuevas iniciativas legislativas.
La nueva propuesta, el Anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana, podría ser aprobada este mes por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Cualquier política pública que se adopte para el entorno digital debe garantizar que internet sea «abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos», reiteró por su parte Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
El nuevo proyecto otorga más poder al Gobierno para controlar y vigilar el uso de internet con el objetivo de «generar las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación», señaló la SIP.
Reiteró que el Gobierno de Maduro está «afinando el bloqueo y filtrado de internet coartando el derecho de acceso del público a los portales de noticias».
La organización recordó que ya se había expresado en contra de otros mecanismos como los que provee la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, así como los que establecen decretos que «violan el derecho a navegar libremente en internet».
La nueva ley impondría a los propietarios y operadores de infraestructura privada o pública la obligación de permitir el «acceso a sus infraestructuras y suministro obligatorio de información por razones de defensa y seguridad» sin necesidad de acciones judiciales de por medio.
Asimismo, obliga a los proveedores de servicios a denunciar situaciones irregulares y les obliga a neutralizar y eliminar datos e información bajo órdenes de los nuevos organismos a crearse.
La propuesta de ley ha sido rechazada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que lo consideran «una grave amenaza a los derechos humanos», según la SIP.
