La sanción de EE.UU. contra Murillo obliga a Ortega a negociar o resistir

EFE

La sanción que EE.UU. impuso a la influyente vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, no solo pone un tapón a sus aspiraciones presidenciales, sino que obliga al Gobierno de Daniel Ortega a abrir un canal de comunicación con la comunidad internacional para evitar una escalada mayor, según analistas consultados por Efe.

Sin embargo Ortega, un antiguo guerrillero seguidor del fallecido líder cubano Fidel Castro y en el poder desde 2007 tras encabezar el primer régimen sandinista (1979-1990), también se puede ver tentado en resistir las presiones estadounidenses a fin de mantenerse al menos hasta el 2021, aunque eso implique un deterioro cada vez mayor de la economía nicaragüense.

Por lo pronto, el Ejecutivo se ha limitado a rechazar «con contundencia», en una nota oficial, la decisión de sancionar a Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de la Presidencia, acto que tildó como la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia norteamericana contra Nicaragua.

Estados Unidos impuso sanciones a Murillo, a quien calificó como la «copresidenta de facto» y destacó su «influencia» en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril, además de estar involucrada en supuestas prácticas de corrupción.

Las medidas, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier propiedad o intereses en propiedades de Murillo o Moncada que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.

También prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con los sancionados, a quienes se suspendió la entrada a Estados Unidos.

Para el analista político nicaragüense Óscar René Vargas, con las decisiones de EE.UU. se abre una nueva coyuntura política nacional e internacional para Nicaragua, en momentos que el Gobierno Ortega-Murillo no tiene a nadie que lo defienda dentro de la clase política norteamericana.

Vargas se refiere, además de la sanción a Murillo, a la decisión de Trump de declarar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU., y la aprobación por el Senado de la Ley conocida como la Magnitsky-Nica o Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018.

«Da la impresión que los EE.UU. decidió liquidar al Gobierno Ortega-Murillo. Ya que las tres acciones no dan margen a una negociación favorable a Ortega. La negociación que queda abierta es la de su salida», razonó.

Para el también analista Julio López Campos, la sanción a Murillo pone fin a las relaciones de «socio funcional» que significó Nicaragua para EE.UU. tras el retorno de Ortega al poder en 2007.

A EE.UU. «ya no le interesa más mantener un régimen político que es motivo de escarnio mundial y que es un factor de inestabilidad interna», valoró López Campos, antiguo secretario de relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y hoy crítico de Ortega.

Lo que hay que entender es que el régimen político Ortega-Murillo ya se terminó. Eso no tiene futuro, sostuvo.

Para López Campos, una de las primeras situaciones que colapsaron tras el estallido social fueron las aspiraciones de Murillo de alcanzar la Presidencia, a quien señalan de haber ordenado responder «con todo» a las protestas callejeras que se iniciaron el 18 de abril pasado.

La agenda inmediata del Gobierno sandinista debería de ser establecer los canales adecuados para una negociación, de acuerdo con los analistas.

Diversos sectores empresariales, sociales, religiosos y políticos de Nicaragua han pedido a Ortega, tras la sanción a Murillo, reanudar el diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio para encontrar una salida cívica y pacífica a la crisis, antes que se deteriore aún más la situación.

De momento, el Ejecutivo ha reaccionado con dureza en lo interno al expulsar a una activista feminista, ordenar retirar el canal 100 % Noticias de la señal satelital y obligar el cierre temporal de la emisora Radio Mi Voz ante el asedio policial, entre otros.

Hasta ahora, solo Bolivia, Cuba y Venezuela han condenado la sanción que Estados Unidos impuso a Murillo, y en el caso de La Habana, ofreció su apoyo.

Ese aislamiento internacional, más la confrontación interna con el sector privado, la Iglesia Católica, organizaciones civiles, estudiantes, campesinos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, indica que el Gobierno Ortega-Murillo se encuentra en una situación precaria y de suma debilidad.

Ante ese escenario, a juicio de los analistas, lo que más le conviene es negociar una salida pacífica, en lugar de resistir y agravar la situación ante una posible confrontación con EE.UU., el principal socio comercial del país.