«La Salida»: se cumplen 2 años de la ebullición social
Carlos López Dorante
Hace 2 años organizaciones estudiantiles y políticas de Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo, Zulia, Lara y Miranda, tomaron las calles para protestar contra el Gobierno Nacional por los altos índices de inseguridad y delincuencia, la altísima inflación y la escasez de productos básicos.
Las protestas fueron promovidas y defendidas por dirigentes opositores al Ejecutivo Nacional: Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el objetivo principal buscaba la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el cambio del modelo político-económico de Venezuela, y sus peticiones eran:
– Libertad para los jóvenes detenidos.
– El cese inmediato de las torturas y violaciones a los DDHH.
– Fin de la criminalización de la protesta.
– Desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios.
– Renovación y legitimación de los poderes públicos.
– Cese de la censura de los medios de comunicación.
En medio de las protestas, grupos oficialistas también convocaron diversas manifestaciones y movilizaciones en apoyo al gobierno en Caracas, específicamente en el municipio Libertador, en las que el presidente Nicolás Maduro aseguraba que en Venezuela hay plenas libertades, y que la violencia y los problemas económicos son «inducidos» por la oposición venezolana. También los señaló de promover la violencia y el odio, llamándolos «fascistas».
La protesta perdió el tono pacífico cuando los cuerpos de seguridad salieron a las calles a reprimirlas. La muerte del estudiante Bassil Dacosta por disparos realizados por funcionarios del Sebin provocaron el rechazo y el alzamiento de los estudiantes, quienes con barricadas, quema de basura y piedras repelían a cada grupo policial o «colectivo» que amenazara con detener las protestas.
Por actos violentos registrados frente a la sede el Ministerio Público fue detenido Leopoldo López, y culpado por otros ataques y hechos violentos registrados durante las protestas. Fue sentenciado a poco más de 13 años de cárcel.
Al día de hoy, el Ejecutivo Nacional sostiene que no hubo violencia sistemática, sino ataques puntuales por funcionarios contra grupos civiles, por los cuales se detuvieron 17 funcionarios de 145 investigaciones que fueron aperturadas.
