La Procuraduría colombiana pide a la Justicia de Paz revocar la no extradición de Santrich
EFE
La Procuraduría General de Colombia pidió este viernes a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que revoque la decisión de aplicar la garantía de no extradición a EEUU al excomandante de las FARC «Jesús Santrich» porque considera que los hechos de los que se le acusa tuvieron lugar tras la firma de paz.
El titular de ese despacho, Fernando Carrillo, presentó ante la JEP una solicitud «para que se revoque en su integridad la decisión de la primera instancia que le otorgó la garantía de no extradición al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte», alias «Jesús Santrich».
El exjefe guerrillero fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EEUU por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz, con lo cual su caso quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, tribunal transicional que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado.
Carrillo subrayó que la resolución del «Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura con certeza que los hechos por los cuales la Justicia norteamericana requiere al señor Hernández Solarte son posteriores al primero de diciembre del año 2016», fecha en la cual entró en vigor el acuerdo de paz.
La JEP examinó su caso y el pasado 15 de mayo le concedió la garantía de no extradición y ordenó su «libertad inmediata», aunque dos días después, al salir de la cárcel La Picota de Bogotá, fue recapturado por la Fiscalía que dijo tener nuevas pruebas en su contra.
Carrillo, que el mismo día anunció que apelaría el concepto favorable a Santrich, consideró a su vez que la Justicia Especial para la Paz «tenía potestad exclusivamente para verificar sólo la temporalidad de dichos hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive».
Por todo ello, añadió que «el caso de Hernández Solarte debe continuar ante nuestra Corte Suprema de Justicia».
«La Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos probatorios suficientes que confirman la realización de dichas conductas en dicha fecha, claramente posterior a la firma del acuerdo de paz», que tuvo lugar en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, explicó.
Con ese argumento, la Procuraduría solicitó a la Sala de Apelaciones de la JEP que ordene «el traslado de todas la pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados cometieron con posterioridad al 1 de diciembre del 2016».
«El proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este, que puede que hayan sido el primero pero no van a ser el último, y eso lo digo un poco reiterando la necesidad del éxito del proceso de paz, que seamos capaces de ‘desantrichizar’ el proceso de paz», sentenció.
En opinión de la Procuraduría (Ministerio Público), «pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz».
En esta línea, para evitar que la paz «se desmorone», Carrillo pidió el cumplimiento de las «reglas de juego establecidas en el acuerdo de paz, ese es el único reclamo de esta Procuraduría».
«Hay que cumplir con esas normas, pero no sigamos en esa tendencia de flexibilización de una justicia que definitivamente no puede desnaturalizarse», concluyó.
